Un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) reclama un cambio global en la dieta, dirigida hacia el consumo de más alimentos a base de plantas y menos carne, para luchar contra el cambio climático, según indica DPA.

Los expertos sostienen en el informe, que ha sido presentado este jueves en Ginebra (Suiza), que este cambio del sistema alimentario reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua.

En concreto, se podrían liberar varios millones de kilómetros cuadrados de tierra para 2050 y potencialmente reducir entre 0,7 y 8 gigatoneladas al año de dióxido de carbono equivalente, según informa Reuters.

Según el IPCC, la agricultura, la silvicultura y otros usos humanos de la tierra representan actualmente el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre.

Además, señala que los agricultores locales, las comunidades y los grupos indígenas deberían involucrarse en una mejor gestión sostenible de sus tierras, incluidos los métodos para utilizar la materia orgánica para aumentar el contenido de carbono del suelo.

Sin embargo, el informe advierte de que la tierra y el suelo tienen una capacidad limitada para actuar como los denominados 'sumideros de carbono', porque lleva años volver a cultivar los bosques, por ejemplo, y porque estos bosques corren el riesgo de ser talados por las generaciones futuras.

Asimismo, el informe también advierte sobre una mayor interrupción en las cadenas alimentarias mundiales a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven aún más frecuentes debido al cambio climático.

Así, proyecta un aumento medio del 7,6% en los precios de los cereales para 2050, lo que aumentará los precios de los alimentos y aumentará el riesgo de inseguridad alimentaria y hambre.

El suministro per cápita de aceites vegetales y carne se ha más que duplicado, según datos desde 1961, pero actualmente, entre el 25 y el 30% del total de alimentos producidos se pierde o desperdicia.

Por ello, el Panel ha pedido esfuerzos para frenar la pérdida y el desperdicio de alimentos comestibles, que se estima que representan al menos el 8% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre.

Otra revelación de los expertos de la ONU es que la temperatura del aire en la superficie terrestre ha aumentado ya 1,53ºC desde la era preindustrial, el doble de la temperatura promedio global (0,87°C).

En el informe, los expertos advierten de que el mundo se enfrenta a un alto riesgo de sequía, incendios forestales, descongelación del permafrost y suministros de alimentos inestables. "Se prevé que los riesgos serán cada vez más severos con el aumento de las temperaturas", alerta el documento del IPCC.

El IPCC ya advirtió en octubre del año pasado que limitar el calentamiento global a un aumento de temperatura promedio de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales solo era posible con "cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes".

En el Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2ºC, idealmente no más de 1,5 grados, en comparación con los niveles preindustriales del siglo XIX.

Los científicos esperan que los principales políticos consideren los hallazgos del IPCC en la próxima Cumbre de Acción Climática de la ONU que se celebrará el 23 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos).

"Una vez más, la comunidad científica internacional lanza un claro mensaje de urgencia: es necesario garantizar, en el corto plazo, un uso sostenible de la tierra", explica la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que destaca que España no debe ser ajeno a este proceso, dado que se trata de un "país vulnerable al cambio climático y a sus fenómenos asociados".

Para la ministra, este proceso ha de traducirse en "medidas en todos los ámbitos de la administración pública y en todos los sectores vinculados al uso del suelo".

En concreto, se refiere a "apostar por una gestión realmente sostenible de la tierra", que considera "fundamental" para afrontar desafíos que afectan particularmente a España, como puede ser el riesgo de desertificación, la erosión o la pérdida de biodiversidad.

Además, este tipo de acciones reportan beneficios sociales y económicos en el corto plazo, favoreciendo el desarrollo sostenible y fijando población en los medios rurales, según añade.