La Fiscalía pide un total de 22 años de prisión para una pareja acusada de un delito de trata de seres humanos por obligar a la sobrina de ella a venir a España para ejercer la prostitución. El juicio por estos hechos comenzará el jueves, 26 de septiembre, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, y está previsto que continúe el viernes, día 27, a la misma hora, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según el fiscal, dos acusados eran sabedores de que la mujer pasaba por "serias dificultades económicas", se había quedado sin trabajo y sin ingresos hacía meses y estaba viviendo en un apartamento propiedad de la acusada.

Comenzó a proponerla que se trasladase a España a ejercer la prostitución, pero como la sobrina no aceptaba la propuesta, la acusada "decidió en cierto momento presionarla, y la exigió el pago de todas las rentas que no le había satisfecho durante el tiempo que le había dejado estar viviendo en su apartamento".

"La convenció de que viniendo a España a ejercer la prostitución podría saldar esa deuda y además ganar dinero, ya que se repartirían al 50% los beneficios de esa actividad", prosigue el escrito. Según el ministerio público, los acusados "habían planeado desde un principio trasladar a su sobrina a nuestro país para obtener un sustancioso beneficio económico a costa de que la joven ejerciera para ellos la prostitución", y desde el momento en que llegó a España "comenzaron a imponerle la dedicación a esta actividad en condiciones abusivas y humillantes", como realizar "hasta quince servicios sexuales en un día, lo que le ocasionaba dolores en muchas ocasiones".

El escrito explica cómo la promesa inicial de repartir las ganancias no se cumplió y que "desde el primer día fueron los acusados los que se quedaban con todos los beneficios que generaba la actividad" de la joven con la excusa de saldar la deuda contraída con ellos.

Junto a ello, señala el fiscal que obligaban a la joven a entretener a los clientes en el baño para, de esa manera, entrar en la habitación y sustraer el dinero de la cartera, si bien no constan denuncias concretas por estos hechos. La situación que vivió la joven, según relata el escrito, se prolongó durante un año y en diversas ciudades del país.

Finalmente, "a consecuencia del excesivo número de servicios sexuales prestados, la joven tuvo que ser atendida en el Hospital de Valdecilla". La acusada la acompañó para "impedir que su sobrina pudiese revelar a los facultativos que la atendiesen cuál era el verdadero origen de sus molestias".

Ese mismo día, la chica dio aviso a la policía pidiendo auxilio y logrando escapar. Para ocultar la actividad, explica el escrito de calificación que los acusados utilizaban identidades falsas. El acusado, haciéndose pasar por otra persona dio de alta 18 líneas de teléfono, que utilizaron para anunciar en internet los servicios sexuales de su sobrina.

En otra ocasión, utilizó la identidad falsa para suscribir contratos de arrendamiento de los pisos en los que la chica recibía a los clientes. Como consecuencia de estos hechos, la joven ha presentado síntomas compatibles con un cuadro ansioso depresivo durante cuatro meses, restándole un trastorno de estrés postraumático leve.

Según el escrito del fiscal, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de inmigración ilegal, un delito de prostitución coactiva, un delito leve de maltrato y un delito continuado de falsedad en documento privado.

Por todo ello, solicita una pena para cada uno de los acusados de 11 años de prisión y multa de 9.900 euros. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que indemnicen a la joven en 30.000 euros por los perjuicios psicológicos y morales derivados de los hechos.