El pasado septiembre un hombre mató presuntamente a sus dos hijas de dos y seis años en Castellón y después se suicidó tirándose por la ventana de su casa. El presunto asesino estaba separándose de la madre de las niñas. Este es el caso más reciente de violencia contra la mujer ejercida a través de los hijos. El maltratador “usa ese arma, los hijos, para mantener el control y dominio sobre la mujer”, afirma Yolanda Besteiro, abogada y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Igual que algunos hombres se valen el pago de la hipoteca o la dependencia económica de la mujer, “otros emplean a los hijos para mantener el control, conscientes de que es como si mataran a la mujer en vida”.
El doble crimen de Castellón elevó a 27 los menores asesinados por esta lacra de la violencia machista desde 2013, primer año en el que hay registro de niños asesinados por sus padres. La ley protege a estos menores víctimas de violencia doméstica, el problema radica en la interpretación que se hace, según explica María Durán Febrer, vicepresidenta de Mujeres Feministras Themis. “Hecha la ley hace falta interpretarla por la academia, es decir, por quienes enseñan derecho que son los catedráticos y por la judicatura que la aplica”, señala.
Los niños están protegidos por el artículo 2 de la Ley orgánica de Protección del Menor y la Ley Integral contra la violencia de género, en sus artículos 60-66. Así, si hay indicios de que un niño sufre malos tratos por parte de un progenitor o de que es testigo de la violencia ejercida contra la madre, el menor “tiene derecho a la inmediata suspensión del régimen de visitas” y a que se “suspenda la patria potestad del padre”, señala Durán Ferrer. Esta semana el tribunal de Navarra que sentenció a La Manada condenó a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su mujer a 10 meses de cárcel porque la liberó de forma voluntaria. Los hijos menores del matrimonio fueron testigos de todo. Uno de ellos gritó “déjala, no la mates”. El tribunal ha dictaminado una “inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad sobre los dos hijos” durante dos años y seis meses.
La abogada Besteiro afirma tajante que “a los niños se les debe dar la condición de víctimas como se recoge en la ley”. Así, explica, a los menores se les podría poner la misma orden de protección que se le aplica a la madre pero, a veces, “hay jueces que creen que un maltratador no tiene que ser un mal padre”. Según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2017 solo se dictaron órdenes de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio en un 0,8% de los casos que llegan a los tribunales.
“Bicho e hija puta”: El caso de la modelo María San Juan
La vicepresidenta de Themis asegura que hay “mucha suspicacia de que la madre usa a los niños contra el padre” y “existe una tendencia de la judicatura y la Fiscalía a minimizar los malos tratos hacia los menores”. Hace meses salió a la luz una grabación en la que un juez, tras una vista, llamó “bicho” e “hija de puta” a la víctima de violencia de género, la modelo María Sanjuan, que denunció el caso. El juez hizo otros comentarios como "verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre".
Los casos de violencia doméstica contra los hijos ha existido siempre porque es una “forma de perpetuar el daño a la madre”, dice la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. En la memoria de todos está el caso de los niños de Córdoba, Ruth y José. Su padre, José Bretón los asesinó quemándolos en una hoguera en una finca familiar de Córdoba y fue condenado a 40 años de cárcel. Él denunció la desaparición de los pequeños y pasaron meses hasta que confirmó que los pequeños huesos hallados en los restos del fuego eran de sus hijos y no de animales.
“En la sociedad actual aún existen unos perjuicios de género que llevan al asesinato de niños como acción de odio hacia la madre”, afirma tajante Durán Febrer. Por eso, los expertos reclaman además de una adecuada interpretación de la actual legislación, una ley integral para la protección de los menores que le proteja cuando “sean víctimas de un delito por parte de una persona con la que tiene un vínculo de afectividad, como los padres o familiares”.