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La Fiscalía de Roma y la ONG Differenza Donna, investigan el enterramiento en el cementerio romano de Prima Porta de fetos abortados sobre los que han aparecido cruces con los nombres de sus madres.
La denuncia ha partido de algunas de estas mujeres que descubrieron por casualidad sus nombres sobre estas cruces e indicando que allí descansaba el bebé que abortaron sin que ellas hubiesen dado ningún consentimiento para el enterramiento ni tampoco para que apareciesen sus datos.
Las cruces han sido instaladas en el conocido como el 'Jardín de los Ángeles' una zona del camposanto destinada a enterramientos de niños.
Las denunciantes afirman que cuando firmaron los documentos legales para llevar a cabo la interrupción del embarazo especificaron que estaban en contra de que los cuerpos fuesen enterrados. Algunas de ellas se han puesto en contacto con los responsables del cementerio quienes les han comunicado que a pesar de su oposición por escrito, los cuerpo se inhuman por "caridad".
También les informan de que las cruces han sido puestas porque hay muchos padres que con el tiempo cambian de parecer y desean saber dónde están enterrados sus hijos por lo que así se facilita su localización con el tiempo.
Las mujeres afectadas denuncian que los responsables del camposanto están invadiendo su intimidad e imponiéndoles símbolos religiosos en contra de su voluntad. También niegan que los niños hubiesen nacido con vida y que tuviesen nombres como los que aparecen en las cruces de madera.
La polémica no es nueva. La prensa lleva informado desde hace años de casos parecidos a este en localidades del norte del país como es el caso de Turín en los que también responsables municipales de los cementerios tomaron iniciativas similares.
Según una nota publicada por Loi Marta en su cuenta de Facebook, el caso turinés se remonta a 2001 y pone de manifiesto cómo estos responsables se saltan las normas que regula el tratamiento de los embarazo que no llegan a término. El texto recoge una publicación de Silvio Viale en la que se aclara que "la ley prevé que hasta la vigésima semana del embarazo, que fetos, embriones y material abortivo sean incinerados como todo material orgánico humano, a menos que los padres en 24 horas soliciten sus restos para un funeral".
Después de la vigésimo semana, la norma estipula que el feto se entrega al cementerio. Esto afecta a los fetos procedentes de interrupciones voluntarias de embarazo como a los fetos nacidos muertos hasta 28 semanas, que se consideran abortos.
Después de la vigésimo octava semana, el feto es declarado 'nacido muerto' y los padres pueden llevar a cabo un funeral. Si el feto nace vivo y muere posteriormente, en cualquier época del embarazo, se declara nacido vivo.
En el caso turinés, ocurrió algo parecido a lo que está pasando ahora en el camposanto de Prima Porta. Allí, los responsables decidieron crear una tumba a costa de las arcas públicas independientemente del origen del feto mezclando abortados, abortos espontáneos, nacidos muertos y muertos después del nacimiento.
Los enterramientos se realizaban sin el conocimiento ni el consentimiento de las mujeres y familias y con datos proporcionados de forma ilegal por los hospitales.