La Educación en España no sale de una trinchera y ya está metida en otra. Partidos políticos, sindicados, organizaciones docentes, de alumnos o de padres van cambiando de bando dependiendo de las propuestas y sus intenciones. El anuncio de un mir para los profesores que acaba de lanzar la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá no es nuevo, Ciudadanos y el Partido Popular ya la había reclamado ante la oposición de PSOE y Podemos.

En 2011, Ángel Gabilondo, ministro de Educación del último Ejecutivo de Zapatero, defendía que la propuesta de hacer una evaluación "similar" al MIR para el acceso a los cuerpos de profesorado es un sistema "más práctico" que busca "encontrar a los mejores para la docencia". Gabilondo apoyaba así una de las primeras ideas lanzado por Alfredo Pérez Rubalcaba en su carrera como candidato a la presidencia del Gobierno.

En el Partido Popular, la idea de un mir para los docentes españoles no fue muy bien acogida. En ese momento, su portavoz en la Comisión de Educación del Congreso, Juan Antonio Gómez de Trinidad, no quiso ni valorarla ya que consideraba que "no es novedosa ni original" porque hace "bastante tiempo" ya comentó una iniciativa similar.

Las posiciones a favor o en contra giraron radicalmente de sentido cuando en febrero de 2018 Ciudadanos presentó su denominado 'DIR' (Docente Interno Residente), destinado a establecer un nuevo sistema de acreditación docente --para maestros de Infantil y Primaria y profesores de Secundaria-- que consistía en un examen nacional tras finalizar el grado universitario, un máster o curso específico orientado al ámbito en el que van a ejercer la docencia y uno o dos años de prácticas tuteladas y remuneradas en centros de referencia.

El debate, tres meses después, solo sirvió para demostrar cómo las posturas cambian dependiendo de dónde vengan las propuestas. En este caso, PSOE, Unidos Podemos, PNV y los partidos independentistas catalanes coincidieron en rechazar la propuesta de Ciudadanos al considerar que con ello se daña a la profesión docente, a la que, a su juicio, el partido naranja culpabilizaba de la mala calidad del sistema educativo español.

Entre los grandes partidos, solo el PP votó a favor de la propuesta de Ciudadanos. Su portavoz en esta materia Santiago Pérez, aseguró que lo hicieron porque los 'populares' ya habían presentado en anteriores legislaturas un modelo similar

Para Pérez, la propuesta de Ciudadanos tenía sus bondades por lo que había que "aprovecharlas", aunque reclamaba que había que "tener en cuanta a los profesores". En aquella ocasión recamaban abordar "con responsabilidad" la demanda de la sociedad de "una formación de los docentes y el apoyo al inicio de su vida profesional".

Precisamente era este inexistente diálogo con los sindicatos docentes el que se reclamaba desde CC. OO. para avanzar en una propuesta cuyo rechazo celebraba: "Solo desde la negociación con el profesorado y sus legítimos representantes se podrá construir un modelo de formación docente de calidad", aseguraban.

El estatuto docente "ha sido una promesa incumplida por todos los partidos que han estado en el Gobierno", aseguraba hace unos meses el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, recordando que sólo en 2006 se estuvo cerca de lograr el ansiado estatuto. "Llegamos a una propuesta consensuada y positiva, pero Hacienda la echó para atrás", aseguraba.

Su decepción por este bloqueo es todavía más comprensible dado que tanto el Partido Socialista, como el Partido Popular o Ciudadanos incluyeron en sus programas electorales de abril de 2019 la promesa de desarrollar una "carrera docente" o estatuto de la función docente para establecer los criterios del acceso, la promoción y la formación, así como los derechos y obligaciones, de los profesores. Algo que los sindicatos docentes consideran "la gran asignatura pendiente" de la educación en España y acumula una demora de 30 años.

En 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a elaborar un borrador con el acuerdo de los sindicatos que incorporaba ocho grados para la carrera docente vinculados a los méritos profesionales y no sólo a los años de antigüedad de los sexenios. También mejoras salariales, algo que frustró la aprobación del texto.

"Es la gran asignatura pendiente", proclama el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, que considera necesaria una "revisión seria" de la carrera docente. "El modelo de acceso a la profesión es obsoleto y la carrera profesional es plana", expone convencido de la posibilidad de volver a alcanzar un acuerdo.

"En el banco sindical hay diferentes concepciones, pero son diferencias salvables y se pueden hablar. Donde sí hay más diferencia es en el modelo educativo, y por tanto en el modelo de profesión, entre la izquierda y la derecha", señala el responsable de educación de CCOO.