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Madrid sigue consternada por los acontecimientos del fin de semana en el que dos jóvenes de 15 y 25 años resultaron muertos y otros dos, de 17 y 24, heridos de carácter grave. Todos fueron apuñalados en las cinco reyertas que se produjeron en la comunidad. En varias de ellas participaron miembros de ‘bandas juveniles’, armados con cuchillos y machetes.
Los expertos destacan que hay que denominar a estos grupos 'bandas juveniles', ya que los miembros no tienen por qué ser todos de origen latino. También los hay de origen magrebí o españoles. La policía muestra gran preocupación al respecto. Hoy se ha conocido que Jaime, el joven de 15 años asesinado en la calle Atocha 127, simpatizaba con una banda e iba armado en el momento en el que le apuñalaron.
Las autoridades destacan que en algunos casos las bandas también van a por pandillas de chicos menores (con quien no guardan ningún enfrentamiento) para agredirles o robarles. Cuando los jóvenes hacen botellón, aprovechan que están ‘bebidos’ para atacarles. El chico de 17 años herido grave en Montecarmelo recibió una puñalada cuando estaba con amigos. Hablamos de grupos armados con machetes o cuchillos y, según la ley, cualquier menor puede adquirirlo.
“Por ley, sí. Que nosotros lo vendamos, normalmente no”, explica la dependienta de una ferretería madrileña. Si es de uso doméstico, pueden comprarlos, pero si es de uso profesional, no (cuters especiales o navajas de electricista). La buena fe del dependiente es fundamental para que no puedan comprarlos, exigen que “acudan con un adulto”.
Las autoridades destacan que estos grupos, ‘bandas latinas’, también ‘juveniles’, tienen mucha facilidad para acceder a armas blancas. En las ferreterías tienen posibilidad de adquirirlos, no tienen por qué ir al mercado negro, donde también los pueden encontrar. Es más fácil que acceder a armas de fuego.
El Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero), siempre que no constituya delito, considera como una infracción grave "portar armas de fuego o de cualquier otra clase en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento". Las multas van de los 300,51 a los 450,76 euros, e implica la incautación de las armas y la retirada de las licencias o permisos correspondientes.
Desde algunos sindicatos policiales como Jupol apuestan por aumentar los controles en zonas de ocio y endurecer las penas en cuanto al porte de este tipo de armas. Aseguran que sería una buena medida para intentar atajar la violencia.