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La familia de una mujer que falleció de un infarto en su casa, acusa a la médico de la ambulancia de confundir un infarto de miocardio con un virus gastroinstestinal. La Fiscalía acusa a la doctora del Servicio Andaluz de Salud de un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional y pide para ella dos años y medios de cárcel. La familia eleva la pena a cuatro. La doctora insiste en que actuó adecuadamente.
La médico de la ambulancia acudió a la casa de la fallecida en la Costa del Sol. La mujer, de 62 años, sufría vómitos, desmayos y hasta pérdida de visión en un ojo. La facultativa le diagnosticó un virus gastrointestinal. Sin embargo, la paciente siguió encontrándose mal y su familia llamó varias veces de nuevo a emergencias. Fue entonces cuando la doctora no decidió volver de nuevo a la vivienda y la mujer murió.
La pacientes estaba en tratamiento para la hipertensión y estaba diagnosticada con depresión y ansiedad, según informa el diario Sur. Además, había sufrido un infarto cerebral de carácter leve y había estado sometida a una tratamiento cardiológico meses atrás en el Hospital Costa del Sol.
La doctora de la ambulancia descartó hacer un electro al llegar a la casa, le puso un tratamiento y descartó el traslado al hospital.
La mujer siguió empeorando con convulsiones y más vómitos y hasta desplomarse en el suelo. Cuando la familia volvió a llamar a Emergencias, la doctora ahora acusada decidió atenderles esta vez por teléfono e insistió en su diagnóstico de virus gastrointestinal.
Cuando la mujer perdió el conocimiento definitivamente la familia llamó a Emergencias una tercera vez. Esta vez sí mandaron una UVI y otra ambulancia. La mujer entró en parada y sus hijos intentaron reanimarla con las indicaciones de los sanitarios. Cuando las ambulancias llegaron siguieron con la reanimación pero la mujer falleció por un infarto de miocardio.
La representante del Ministerio Público asevera que en este caso se dio “un incumplimiento de las normas elementales del ejercicio de la profesión médica por parte de la acusada que finalmente ha llevado al fallecimiento” de la mujer. La Fiscalía cree que la médico no le realizó las pruebas necesarias y erró en su diagnóstico.
La familia, al igual que la fiscal, considera que este error de diagnóstico evitó el traslado de la mujer a un centro hospitalario, “donde hubiera contado con todos los medios médicos necesarios desde el primer momento”. Acusan a la facultativa de “dejadez de funciones” por no volver al domicilio.
Las acusaciones acusan a la doctora de un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. La fiscal pide dos años y medio de cárcel, así como que sea inhabilitada para el ejercicio de la profesión sanitaria durante cuatro años y medio y una indemnización para los herederos de 150.000 euros.
La acusación de la familia pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación y una indemnización de 225.000 euros.
La médico, que previsiblemente en diciembre se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Málaga, asegura que obró bien. Su defensa sostiene en su escrito que "actuó en todo momento de acuerdo a una correcta praxis".