María Salmerón acaba de recibir un nuevo mazado tras comunicarle la jueza que lleva su causa que tiene un plazo máximo de 15 días para entrar en prisión. María Salmerón acudía a las 12.15 a su cita en los Juzgados de Sevilla, habiendo pagado una fianza de 3000 euros, después de que el Gobierno Central denegase su indulto. "Nos han dado 15 días para ingreso voluntario en prisión, no nos han dicho nada de los 3000 euros ingresados, el abogado hará el correspondiente escrito… no puedo hablar", ha señalado la mujer a la salida de los juzgados.

Acudía a los mismos María acompañada de su abogado. A su salida a las 13.30 ha atendido a los medios y ha recibido el apoyo de los manifestantes. Le han dado 15 días para entrar de forma voluntaria en prisión. Piensan pedir un nuevo indulto porque no ven convincente el último denegado. La mujer "no esta preparada para entrar en la cárcel . Lo que se incumplía el régimen de visitas y no la custodia’, señala su abogado José Estanislao Naranjo: "vamos a pedir nuevo indulto y solicitar paralización de la ejecución hasta que se resuelva. Hay puntos en el no indulto que no son convincentes.

La mujer, condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado por maltrato y con el que la hija no quería ir, tendrá que ir a prisión. El padre fue condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. Tanto María Salmerón como su hija, Miriam Ruiz Salmerón, declararon en diversas ocasiones ante sede judicial que era su hija quien se negaba a ver a su padre, condenado en firme por maltrato en 2008 a 21 meses de prisión, pena que nunca llegó a cumplir. Miriam lo volvió a declarar esto mismo frente al juzgado de Sevilla que finalmente acabó condenando a su madre.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestaba que la petición de nuevo indulto fue finalmente denegada por "imperativo legal", pues según aseguraba no había "margen" legal para autorizarlo, toda vez que dicha denegación oficial fue acordada después de que el Juzgado de lo Penal número seis requiriese a María Salmerón para su ingreso voluntario en prisión, al entender ya "desestimada" esa petición de nuevo indulto.

En concreto, en un auto de fecha 28 de enero de 2021, recordémoslo, el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de María Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón "ha sido condenada en varias ocasiones", lo cierto es que "nunca ha entrado en prisión", ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían "las únicas" que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número seis consideraba en este auto de enero de 2021 que "la concesión de otros indultos" a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que "lo más prudente" era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o "denegación".

Pero en una providencia posterior de fecha 29 de marzo recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número seis indicaba que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que "la última documentación" solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de aquel año y la regulación estipula que "transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto".

Es por eso que el juzgado requería a María Salmerón para "el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena" impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión, pesando posteriormente la decisión del Gobierno central de denegar ya de manera expresa su petición de nuevo indulto.