Los agentes de Hacienda investigaron cómo Luis Medina vació su cuenta bancaria desde el día siguiente a recibir su comisión por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia.

La querella admitida a trámite por el juez señala que los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina han podido cometer delitos de estafa, falsedad y blanqueo.

La desaparición del dinero de la cuenta de Luis Medina está recogida en un informe de Hacienda, fechado en septiembre de 2021, al que ha tenido acceso EFE este viernes.

Según recoge el sumario del caso, desde el comienzo de la investigación, en noviembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción indagó sobre los movimientos bancarios de ambos investigados.

De hecho, ofició un decreto dirigido a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Administración del Estado (AEAT) para que indagara en todas las cuentas en las que aparecieran como titulares o autorizados y también sobre las “operaciones de tráfico de divisas realizadas desde sus cuentas”.

La Fiscalía sabía que, en los últimos días de marzo de 2020, las cuentas de Luceño y Medina recibieron respectivamente algo más de cinco millones de dólares (unos 4,7 millones de euros), en el caso del primero, y casi un millón de dólares (unos 920.000 eruos), en dos comisiones, en el caso de Medina.

Después de abonarle una de estas comisiones, la más importante, de 749.941 dólares, Luceño le dice por correo a Medina: “Pa la saca”, y éste responde: "Biennn!!!".

Las comisiones se pagaron en tanto que agentes comerciales de la mercantil Leno, a través de la cual operaban en Malasia para la compra del material sanitario.

Según documentación recogida en el sumario, ambos, para justificar los fondos abonados en sus cuentas, entregaron a sus respectivas entidades bancarias varios documentos con apariencia legal en los que, entre otras cosas, reconocían las comisiones.

El informe resultante de la AEAT, el de septiembre de 2021, señala cómo Luis Medina comenzó a vaciar el dinero de su cuenta inmediatamente después del cobro.

Primero envió el dinero en dólares a otra cuenta suya, en la misma entidad pero de una sucursal madrileña, que ya los contabiliza euros. Y luego liquidó esta segunda cuenta.

Así, ya desde el 2 de abril de 2020, transfiere 93.700 euros a una empresa de venta de yates en Países Bajos. En los días siguientes hace compras con tarjeta por 11.274 euros, disposiciones en cajero por 6.717 euros, traspasos por bizum por valor de 3.538 euros y transferencias a diferentes personas físicas y jurídicas por 51.769 euros, entre ellas algunas conceptuadas como “préstamo ayuda” a un particular.

En mayo de ese año vuelve a transferir dinero a su cuenta en euros desde la original, y liquida su saldo de ese momento, de 469.733 euros, mediante la suscripción de activos financieros por valor de 400.000 euros y nuevas transferencias a personas físicas y jurídicas por 54.903 euros, así como nuevas compras con tarjeta, bizum y disposiciones en cajero. En junio repite con 150.000 euros y hace las mismas operaciones.

Y a lo largo de los siguientes meses continúa con la misma conducta, cada vez con cantidades menores, hasta vaciar su cuenta. Así lo señala Hacienda, que dice en su informe: el 21/9/2020 ha consumido todos sus fondos y tiene en la cuenta un saldo negativo de -8.705 euros.

La Fiscalía continuó siguiendo la pista del dinero, e investigó, por ejemplo, la compra del yate. Así mismo, después de recabar la abundante información que le facilitó la entidad bancaria, citó como testigo a la directora de la sucursal en la que tenía su cuenta Medina, en junio de 2021, entre otras diligencias.

“Enajenar bienes, hacer cualquier operación que pueda dificultar un embargo, es un delito”, le advirtió el fiscal a Luceño cuando le tomó declaración, hace ahora exactamente un año.

Para entonces, el fiscal ya sospechaba de los movimientos habidos en las cuentas de los investigados en las que recibieron las comisiones.

Aquellas sospechas pueden relacionarse con lo sucedido la semana pasada, cuando magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó el embargo de los bienes de ambos empresarios a petición de la fiscalía. La medida afectaba, en el caso de Medina, a un yate por el que pagó 325.515 euros y a dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros.

Sin embargo, el juez constató que Medina únicamente dispone de 247 euros en su cuenta. De modo que ha pedido a las partes, entre ellos al fiscal, que tomen nuevas iniciativas para asegurar que los investigados hagan frente a su responsabilidad económica.