Las muertes provocadas por el coronavirus fueron 43.000 más que lo habitual respecto al año pasado, según el INE, pero sus efectos sobre el día a día de la población, más aún para los mayores, los más vulnerables como han demostrado su situación en las residencias, donde el triage les ha pasado factura. También han aumentado las listas de espera de los hospitales con el impacto que eso ha provocado en la salud de mucho y también ha habido gente que ha muerto en la lista de espera de la ley de dependencia.

La crisis generada por el coronavirus ha instalado el sistema de la dependencia "en la UCI", en el que han muerto 24.554 personas en las listas de espera este año: 17.139 dependientes que se le había reconocido el derecho a una prestación y no se les atendió, y 7.415 que había pedido entrar en el sistema. Lo denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales en un informe que analiza los últimos datos del IMSERSO sobre el Sistema de la Dependencia hasta 31 de mayo.

"Todos los indicadores del sistema indican una caída estrepitosa, registrando unos valores muy inferiores a los de comienzos del año", explica su presidente, José Manuel Ramírez, quien reclama "medidas urgentes para no abandonar a las 404.159 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento y para evitar que 164 personas fallezcan cada día en el laberinto burocrático de la ley dependencia". Según datos oficiales de la dependencia, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son negativas, se han registrado 34.668 solicitudes menos, se han reducido en 25.669 las valoraciones, hay 15.889 beneficiarios menos con derecho a prestación pendientes de recibirla y otros 11.715 beneficiarios con prestación menos.

Solo en dos comunidades autónomas han aumentado el número de solicitudes desde el estado de alarma, Comunidad Valenciana (5.203) y Canarias (2.089) y donde más han decrecido han sido en Castilla-La Mancha (-4.719), La Rioja (-779) y Comunidad de Madrid (-8.929). Las valoraciones han disminuido en todas las comunidades a excepción de Asturias (775 resoluciones) y la Comunidad Valenciana (710); donde más disminuyeron ha sido en Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid.

Respecto a las personas con derecho a recibir prestaciones, solo aumentaron en Asturias (642), Comunidad Valenciana (639) y Canarias (65); en el resto, disminuyeron, sobre todo en La Rioja (-797), Castilla-La Mancha (-4.076), Cantabria (-897) y Madrid (-6.819). Desde la última publicación realizada antes del estado de alarma, el número de beneficiarios se incrementó en Canarias (1.262), Baleares (1.126), Comunidad Valenciana (4.680) Extremadura (388), Murcia (174) y Castilla y León (25). En el resto de comunidades no se mantuvo la tasa de reposición y donde más beneficiarios han disminuido han sido en La Rioja (-659), Cantabria (-1.159) y Madrid (-9.003).

Por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es donde más ha disminuido, con 13.740 residentes menos que a principio de año; en la ayuda a domicilio, 6.810 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de un -2,2 % con 2.099 prestaciones menos que a principio de año. Según la asociación, solo estos datos hacen que se pierdan 10.000 puestos de trabajo.

Sobre los fallecidos en la lista de espera, 17.139 personas han muerto este año pendientes de recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho (3.243 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento del 23,3 %); a estas muertes hay que sumar 7.415 que han fallecido sin que ni siquiera se les valorase.

Desde el inicio de año, fallecieron 83.823 dependientes que recibían alguna prestación o servicio; el 29,5 % (24.698) de los beneficiarios fallecidos estaban en residencias y el porcentaje ha ido aumentando con el transcurso del año, pasando del 24,4 % de enero al 33 % de abril y mayo. El 24,5 % de los beneficiarios fallecidos tenían una prestación de cuidados familiares, aunque según ha ido transcurriendo este 2020 el porcentaje ha ido bajando del 30,7 % de enero hasta el 20,0 % en mayo.

La misma tendencia han tenido los beneficiarios de una ayuda a domicilio cuya media ha sido del 18,1 %, y donde el porcentaje de abril y mayo ha sido inferior al del resto del año (16,2 % y 15,1 %, respectivamente).

Estos datos ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.

El análisis deja claro que el gobierno de España debe cumplir con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017) e incrementar de manera urgente y sin esperar a los PGE la financiación de la Dependencia en 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo. Además de modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades. A la vez que sin un incremento significativo de la financiación es imposible también hacer ninguna mejora en la atención residencial.

Los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. EL informe señala como clave que hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.