Listas de espera: los trucos de los gobiernos para camuflar las cifras

La sanidad pública española no termina de hallar la salida al laberinto de las listas de espera. Casi la mitad de los ciudadanos perciben que seguimos empantanados en este dédalo mientras que un 24,3 por ciento cree que hemos empeorado año tras año. Los datos aportados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) apuntan a una mejoría mínima que apenas es capaz de drenar el aumento de la población protegida. Frente a la Administración, los médicos de Atención Primaria y Especialistas reclaman una optimización de los recursos existentes en todas las fases del proceso sanitario así como mayor esfuerzo inversor.

La crisis económica de 2008-2014 no logró socavar la identificación de los ciudadanos con la sanidad pública. A lo largo de estos años los usuarios se han mostrado abrumadoramente satisfechos con la atención recibida aunque cuando se les ha preguntado por la evolución de las listas de espera, solo un 8,1 por ciento ha visto mejoría.

La avalancha de datos procedentes de las diferentes administraciones y la colusión en los acuerdos entre la sanidad pública y la privada hacen que para muchos usuarios estemos ante trampas al solitario cuando se abordan estos plazos de atención. Las esperas son las experiencias peor valoradas por los usuarios que apenas rozan el aprobado tanto en la Atención Primaria como en las especialidades.

Según datos del último informe del ‘Sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud’ (SISLE-SNS) con datos de corte en junio de 2018, solo cirugía maxilofacial, ginecología u oftalmología han visto aumentar los tiempos medios de espera mientras que las en las otras 11 especialidades estos lapsos se han reducidos. Por intervenciones, solo las cataratas o juanetes han empeorado. Los tiempos medios de espera en el conjunto del SNS se situó en 93 días, por debajo de los 115 de diciembre de 2016 pero aún lejos de los 81 de junio de 2015. Los usuarios con más de seis meses de espera se situaban en el 12,2 por ciento siguiendo esta tendencia descendente.

Por comunidades autónomas, las que presentan peores datos son Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Ceuta, todas con tiempos medios de espera quirúrgica superiores a 100 días. En el polo opuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla en la que este plazo se reduce a 24 días.

Los datos oficiales del ministerio de Sanidad también evidencian que en los tres últimos años solo hemos podido reducir las listas de espera en un escaso 1,39 por ciento. Y es que en este periodo, el aumento de la población protegida por el SNS ha subido algo más del 19 por ciento mientras que el número de entradas en las lista de espera quirúrgicas o la tasa por cada 1.000 habitantes era de del 17,97 y el 17,88 por ciento respectivamente.

La gestión de las listas de espera es otro de los caballos de batalla que enfrenta a los colectivos médicos con la administración a pesar de que la ley que las regula establece medidas para su tratamiento homogéneo. A pesar de ello, los responsables políticos al frente de cada departamento de salud autonómico trabajan de forma que se dificulta esta homogeneización.

Para Carlos Castaño, presidente de la Asociación de Especialistas Facultativos de Madrid (AFEM), “las listas de espera son un objetivo mediático y de propaganda política y no funcionan como un instrumento limpio de trabajo”. Un ejemplo de esta manipulación la sitúa en la Comunidad de Madrid cuando fue “excluida de la estadística nacional por no responder con los mininos criterios que establecía el Ministerio de Sanidad”. Según Castaño, “la principal trampa que se hizo durante los gobiernos de Aguirre, fue la inclusión en la lista de los pacientes quirúrgicos que ya tenían todo el estudio preoperatorios concluido y con el visto bueno del anestesista, cuando la normativa Nacional establecía la inclusión desde la indicación del cirujano”.

Inmaculada Cervera, Coordinadora Nacional del Grupo de Trabajo de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) amplía esta lista con otros casos como “fraccionar listas en cada uno de los pasos necesarios previos a la intervención; reiniciar el cómputo del tiempo de espera, previo cambio del paciente de una lista a otra; no registrar la espera desde la indicación de la intervención, sino una vez pasado cierto tiempo coincidiendo con alguno de los pasos previos a la misma; Eliminar de la lista de forma inmediata a los pacientes una vez derivados a centros concertados, en lugar de hacerlo cuando se realiza realmente la intervención indicada; eliminar a los pacientes que rechazan la derivación a centros concertados que pasan a una lista B oculta y no registrada como Lista de Espera.

Otros trucos son realizar la inclusión del paciente una vez transcurrido cierto tiempo (realizadas reprogramaciones de consultas o de pruebas diagnósticas, etc.), mediante agendas sin cita, no empezando a contar el tiempo de espera hasta que le daban cita; retrasar el envío de documentación al Ministerio - en vez de cada 6 meses como está estipulado-; excluir a los enfermos de los hospitales de empresas privadas concertados; y excluir a enfermos que tienen dolencias no garantizadas por decreto en los que se fija los tiempos máximos de espera de un paciente en función de la complejidad de la operación. (180, 120 y 90 días)”.

Carlos Castaño se pregunta si “cuando la consejería de Sanidad (de la Comunidad de Madrid) asegura que la espera media en marzo de 2019 es de 51,3 días a todos nos llama la atención pues todos y cada uno de nuestros propios pacientes esperan más que eso, lo que nos hace pensar que hay mucha cocina antes de publicar los datos oficiales”.

No solo es Madrid la señalada. En el otro extremo ideológico, Andalucía, también se ha acusado a la Junta de maquillar las cifras. El nuevo Gobierno del PP ha denunciado una lista de espera "oculta" de 34.000 andaluces en dependencia que se suman al más de medio millón de personas en las listas de espera de la sanidad pública denunciada también por el nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos (Cs).

A pesar de esta sensación de trampas y falsedades en la elaboración de las listas de espera, para este representante médico “es posible un sistema transparente y fiable independientemente de las trasferencias sanitarias" aunque para ello sería necesaria, aclara "la voluntad política de hacerlo y quizás una regulación seria que penalice las trampas". Apunta por ello a la posibilidad de que "cuando un Director de Centro o responsable de Admisión da la orden de eliminar a un paciente de la lista de espera, deberían constar claramente los motivos que provocan el hecho en un documento público cuya falsificación esté sujeta al código penal".

La doctora Cervera coincide en este análisis al mostrarse convencida de que “los tiempos de demora y las Listas de Espera expresan el resultado de un sistema sanitario y puede ser un buen indicador de su funcionamiento”, aunque reclama la necesidad de “garantizar los mismos niveles de equidad en el acceso y utilización de los recursos sanitarios en todo el territorio nacional.

Para reducir las listas de espera, los médicos apuntan a la necesidad de actuar en varios frentes al mismo tiempo, con el convencimiento de que aumentar las inversiones por sí mismo solo soluciona el problema de forma temporal. En este sentido, la representante de Semergen es partidaria de "realizar un abordaje sobre los diferentes factores que influyen en las listas de espera como son los que influyen en la demanda del servicio, los que favorecen el incremento de la oferta y por último, las factores que influyen en el incremento de la salida de estos listados".

El aumento de las inversiones en la sanidad pública no siempre supone una mejoría para las listas de espera, según Inmaculada Cervera. Para esta doctora "aumentar la oferta de recursos asistenciales públicos, tanto permanentes como estructurales" puede llevar a una "reducción inicial" pero "si no se influyen en otros factores, la demanda también aumenta y el umbral de necesidad de un tratamiento determinado disminuye. Si además damos más recursos a aquellos centros con mayor lista de espera, se produce un efecto pernicioso premiando al que es menos eficiente e incentivando su mantenimiento".

Para Carlos Castaño, "solo hay un camino para disminuir las listas de espera y es intervenir a los pacientes, hacerles las pruebas o verlos en las consultas, según la lista de la que hablemos. Para ello hay que poner presupuestos realistas sobre la mesa, medir y ponerse a trabajar. Cree que "aumentar el personal es un camino limitado al número de profesionales disponibles" un límite que exige "fidelizar y no maltratar" porque, "las políticas vistas hasta el momento se basan en el contrato precario, en el sueldo indigno y en recortar salario en lugar de cumplir la jornada legar de 37,5h semanales”.

Desde 2010, el 'Barómetro Sanitario', elaborado por el Ministerio de Sanidad, evidencia que se ha incrementado de forma gradual el número de personas que prefieren el SNS. Según este estudio eso es así en las diferentes áreas: Atención Primaria (68,2%), atención especializada (56%), ingreso en hospital (67%) y Urgencias (64,4%).

A pesar de esta preferencia, los traspasos de recursos desde la Administración Pública a la sanidad privada son cuantiosos.

Los expertos consideran que se trata de acuerdos que no benefician a la sociedad. Carlos Castaño apunta que "la ley establece que no pueden usarse recursos externos si no se han agotado los recursos propios y este punto no se cumple". Por ello considera que "hasta ahora hemos visto que la llamada colaboración público-privada no da fruto y nos sale muy cara. Esa colaboración se ha basado en desprestigiar lo público por trasvase de inversión hacia lo privado, paralizar los hospitales y vender las listas de espera" Por eso, asegura que "no parece razonable que teniendo los medios, el personal y la tecnología dejes de usarlos y le des el trabajo a un tercero". Según este experto, "es la forma de arruinarte"

Castaño recurre a un informe de la Cámara de Cuentas madrileña que denuncia "el oscurantismo utilizado en su financiación y la descapitalización de los centros de gestión directa tradicionales. Ese estudio demuestra como la Fundación Jiménez Díaz cobra hasta 7 veces más por un mismo proceso hecho en un hospital de gestión pública".

Estos datos le llevan a asegurar que "la supuesta colaboración público-privada es en realidad una parasitación" ya que "los pacientes que se derivan a centros privados son cuidadosamente escogidos por su rentabilidad económica y selección de riesgos. De esta forma los pacientes menos rentables se quedan el en hospital de referencia mientras que los más apetecibles son derivados. Este punto también es denunciado en el informe de la Cámara de Cuentas.

En su crítica, Castaño concluye que "en el momento actual no puede hablarse de colaboración Público-Privada para acabar con las listas de espera" ya que "el resultado es de una descapitalización progresiva de lo público, por vasos comunicantes, hacia fondos de inversión privados de localización incierta".

Para Inmaculada Cervera, "la colaboración pública-privada puede ser muy útil para atender desviaciones de la espera media con conciertos con la privada cuando esta se dispara", algo que exigiría que "el primer movimiento por el que tendría que apostar la sanidad pública es por la profesionalización de la gestión sanitaria, con uso eficiente de los recursos existentes, medición de resultados y estimulación de los profesionales". Y solo después de estas medidas y se comprueba que aún es insuficiente, "se deberá plantear que políticas son las más adecuadas".

El 'Barómetro Sanitario' recoge también las razones de por qué los usuarios de la privada han contratado un seguro privado si ya tienen cobertura pública, el 77,9 por ciento manifiesta que "les atienden con mayor rapidez que en la pública", y el 37,3 por ciento porque "se puede ir al especialista directamente sin consultar con el médico de cabecera". Sin embargo, apenas el 13 por ciento de los españoles ha acudido a una consulta privada en los últimos 12 meses.

En este sentido, la representante de Semergen cree que "la incentivación por parte de los Gobiernos para la compra de seguros privados mediante, por ejemplo, desgravaciones fiscales, persigue desviar parte de la demanda hacia la sanidad privada y, por tanto, reducir el volumen total de las lista de espera". Una "estrategia" que según Cervera "tiene efectos en el modelo sanitario público de profundidad y calado indudablemente mayor que la propia disminución de las listas de espera, que se utilizan en este caso para otros fines y que podría desvirtuar la misión de la sanidad pública española".