La nueva ley del aborto que prepara el Gobierno permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres. La nueva ley quiere cambiar el modelo para garantizar que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada. La norma mantiene los plazos actuales.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a Efe que el texto se encuentra en la última fase de la negociación y la idea es que el Consejo le de el visto el bueno el próximo martes, una información que ha adelantado la Cadena Ser.

El texto llevaba negociándose varios meses, de hecho, la intención del departamento que dirige Irene Montero es que estuviera listo a finales de año, y es que incluye varias medidas que competen también a otros ministerios como el de Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A falta de conocer los últimos detalles del texto final, la ministra y otros representantes del Ministerio han ido desgranando estos meses algunas de las medidas que quieren incorporar a la ley, como el considerar como un tipo de violencia los vientres de alquiler.

En este sentido un borrador de la futura ley, al que ha tenido acceso Efe, plantea que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero para tener un hijo, una práctica que ya está prohibida en España.

Esto no se aplicará a las mujeres gestantes "que pudieran verse incluidas en su ámbito subjetivo", según este borrador en el que no ha participado el Ministerio de Justicia, según apuntan a Efe fuentes de este departamento.

Y la ley acabará con la necesidad de que las chicas de 16 y 17 años necesiten el permiso paterno para abortar, un requisito que en 2015 incluyó el PP en la ley de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su última comparecencia en la Comisión de Igualdad, Montero aseguró que su propósito además es blindar el derecho al aborto en los centros públicos y avanzó que se tomaría como referencia la ley de la eutanasia para crear un registro de profesionales objetores de conciencia.

Rebajar el IVA del 10 % que soportan los productos de salud menstrual y de higiene femenina es otro de los propósitos del Ministerio, así como el reparto gratuito en centros educativos de productos de higiene femenina.

El borrador establece en este sentido en una disposición adicional la aplicación del tipo del 0 % del IVA a compresas, tampones y también pañales para bebés y otros artículos para la incontinencia.

Sin embargo, el IVA 0 % en estos productos aún no se ha discutido dentro del Gobierno, según apuntan a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda.

Otro de las ideas de Igualdad es que las mujeres embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz, a un permiso retribuido y universal con el fin de proteger la salud materna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé.

El borrador prevé la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales para los casos de aborto y también para los de menstruaciones dolorosas que impidan la asistencia al centro de trabajo durante un máximo de tres días al mes prorrogables por otros dos, pero fuentes de Igualdad han insistido en que por el momento solo pueden confirmar que la norma se encuentra en la última fase de la negociación.