El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha votado en privado para anular el histórico fallo de Roe versus Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973, según la inusual filtración de un borrador judicial que ha publicado este lunes por el diario Político.

En un documento de 98 páginas, escrito por el juez Samuel Alito, la mayoría de miembros del Tribunal Supremo habrían decidido anular el histórico fallo, que establece el derecho constitucional al aborto, lo que podría transformar el panorama de la salud reproductiva de millones de mujeres en Estados Unidos.

El juez ha calificado esta decisión como "equivocada" y ha señalado que el contencioso, que ha animado los debates políticos en Estados Unidos durante más de una generación, debe ser decidido por los políticos, y no por los tribunales, según ha explicado la cadena estadounidense CNN. "La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación", describe el texto, agregando que "es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo", tal y como ha recogido la cadena CNBC.

En más de dos docenas de estados conservadores, los legisladores han preparado proyectos de ley que prohibirían o restringirían el aborto si el Supremo decide anula Roe versus Wade, según ha explicado el periódico 'The New York Times'.

Inspirados por la norma de Texas, varios son los estados controlados por los republicanos en los que se han presentado textos de prohibición o restricción del aborto, aunque ha sido el estado de Idaho el primero en darle luz verde tras obtener 51 votos a favor y 14 en contra, por lo que las mujeres no podrán acceder a estos servicios en este estado a partir de la sexta semana de embarazo.

Considerada una de las normas más controvertidas y restrictivas ya que fomenta la delación entre los ciudadanos particulares a cambio de una recompensa, la ley de Idaho va más allá y premiará con hasta 20.000 dólares a aquellos familiares de un "bebé no nacido" que denuncien a la clínica o a toda aquella persona o colectivo que ayude a la mujer a abortar.

Con esta nueva ley, además, el personal médico que participe en la interrupción de un embarazo en el estado de Idaho podría enfrentarse a una pena de entre dos y cinco años de cárcel si es declarado culpable de un "aborto criminal". No obstante, a diferencia de la ley de Texas, la norma aprobada en Idaho sí incluye excepciones por violación e incesto.