El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara ha suspendido la demolición del poblado de Fraguas, en espera de estudiar el informe que el Instituto de Patrimonio del CSIC realizará en Fraguas, una población que data del siglo XII y cuyos vecinos fueron expulsados en 1968 por el dictador Franco.
Desde entonces, el municipio pasó a la ordenación territorial como monte de utilidad pública y, por tanto, no habitable. Fue su sentencia de muerte, incluso en el documento nacional de identidad de sus vecinos se puso el municipio más cercano, borrando su origen y parte de sus identidad. Pero en 2013 un grupo de jóvenes repobló Fraguas y reparó cuatro de las construcciones que aún existían. Entonces se inició un litigio judicial que terminó con la sentencia de demolición y cárcel para los repobladores. Una sentencia que no se ha ejecutado y que se frena ahora con la intervención del CSIC. Su petición de suspender el derribo y su advertencia de que hay patrimonio susceptible de ser protegido, puede cambiar las cosas. Los repobladores de Fraguas han recibido incluso un premio por la conservación del territorio y suponen vida para una zona con una densidad de población de dos habitantes por kilómetro cuadrado.