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El fiscal Miguel Mínguez ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio contra César Román Viruete, apodado el 'Rey del Cachopo', por lo que mantiene la solicitud de condena de quince años de cárcel por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y de violencia de género, y otro de profanación de cadáver en relación a la muerte de la joven hondureña Heidi Paz Bulnes.
El juicio contra César Román quedará mañana visto para sentencia con la última palabra del acusado, quien volverá a defender su inocencia en el crimen de su novia, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en el interior de una maleta en una nave que había sido alquilada por el empresario para ubicar su sexta sidrería.
En el anuncio de las conclusiones, que serán expuestas mañana, el fiscal ha hecho firme su escrito de acusación. El abogado de la familia, el letrado Ramón Fernández de Mera, ha incluido una agravante de reincidencia en relación al artículo 173 del Código Penal, y un delito de profanación de cadáver, lo que eleva su petición de pena a veinticinco años y cinco meses.
Sus cambios en su escrito de acusación alcanzan también las indemnizaciones que solicita. Así, ha reclamado que César Román indemnice a los dos hijos de Heidi con 150.000 euros y con 100.000 euros a su madre Gloria.
La abogada defensora, Ana Isabel Peña, ha anunciado que mantiene su solicitud de libre absolución para su cliente al considerar que no hay pruebas que enerven su presunción de inocencia.
La sesión de este miércoles ha puesto punto y final con la prueba, con lo que mañana quedará visto para sentencia. El jurado popular ha visionado en la prueba documental los reportajes fotográficos realizados en la nave donde se halló el torso y del piso de la calle López Grass de Vallecas.
También la Sala y el tribunal de jurado han escuchado las conversaciones de WhatsApp de la víctima con su madre y con su hermana días previas al crimen.
Asimismo, se ha procedido a la lectura de un escrito del 5 de agosto de 2019, un año después del crimen, remitido por el acusado al juzgado de instrucción que llevó el caso en el que se solicitaba que se trasladará la investigación a la Guardia Civil al considerar que las actuaciones del Grupo VI de homicidios eran sesgadas y tendenciosas, lo que suponía "una burla a su defensa y una vulneración de sus derechos".