La defensa y la acusación del juicio de Julen se han reunido en la Audiencia Provincial de Málaga a falta de 24 horas para que se celebre el juicio y han llegado a un acuerdo para evitarlo. Antonia Barba, abogada de los padres de Julen ha reconocido que "ahora queda que los términos del acuerdo sean aprobados". El acuerdo, del que solo se saben todos los detalles, incluye un acuerdo económico y facilitaría que David Serrano no entrara en prisión porque la petición más alta de cárcel es la de la defensa de los padres de Julen que valoran que David reconozca su responsabilidad en los hechos.

De hecho, ya se sabe que Serrano ha aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave (por lo que no tendría que entrar a prisión que era lo que él veía desproporcionado y su defensa quería evitar) con el compromiso de pago de la indemnización, que puede ascender a unos 180.000 euros, según han informado a Efe fuentes judiciales.

En los términos del principio de acuerdo se suspende la condena con el compromiso de pago de la indemnización y hoy está previsto que el acusado abone 25.000 euros y el resto a 50 euros al mes hasta que mejore su situación económica.

Uno de los motivos esgrimidos por la defensa de los padres de Julen para llevar a un acuerdo es que estos no querían volver a revivir la tragedia, después de un año terrible. Era hora de pasar página y esta parece ser la forma de hacerlo de una manera más racional y menos dañina para todos, tocados para siempre por la tragedia. David Serrano ha declarado siempre que la muerte del pequeño será un espina en su vida de por vida.

La realidad es que el padre de Julen declaró en una entrevista a Informativos Telecinco que "no perdonaría nunca a David Serrano", que antes de la tragedia era parte fundamental de su familia. Pero parece que en los últimos instantes, visto el juicio, los más de 80 medios acreditados, verse de nuevo en el ojo del huracán han obrado el milagro y han provocado un acuerdo que ahora debe ser aceptado por el juez. Lo primero que quiere José Roselló es pasar página cuanto antes porque reconoce que este año ha sido un infierno. Duda de que nunca volverán a ser felices, aunque la esperanza es otro hijo que está en camino. Lo que atormentará siempre al padre de Julen es que la tragedia podría haberse evitado.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga tenía previsto juzgar este martes 21 de enero al dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió Julen, el pequeño de poco más de dos años que fue rescatado sin vida 13 días después de caer en dicha prospección hace ahora un año. La vista iba a continuar toda la semana y se había fijado también los días 28 y 30 de este mes. Ahora el juez verá el acuerdo al que han llegado ambas partes.

El propietario de la parcela, David Serrano iba a ser juzgado por un delito de homicidio por imprudencia grave por el que le acusa la Fiscalía, que solicitaba que se le impusiera una pena de tres años de prisión; y la acusación particular, en representación de los padres del niño, que pedía tres años y medio de cárcel. Por el juicio pasarán unas 50 personas. Estarán los padres de Julen, el hombre que realizó el pozo, el operativo de rescate, mineros, guardia civiles, médicos forenses.

La primera sesión del juicio incluía las cuestiones previas de las partes, la declaración del acusado y la de seis testigos, entre ellos los padres del pequeño. El resto de los días iban a declarar las demás personas citadas y se habían reservado los días 28 y 30 para las conclusiones e informes finales del ministerio fiscal y de los abogados.

El fiscal acusaba a David Serrano de no señalizar el pozo y de no informar de su existencia, no solo eso. También jugaban en contra de David las deficiencias normativas a la hora de hacer el pozo. Y también se destacaba el hecho de que estuviera abierto. Hay que recordar que, durante la fase de instrucción, Serrano insistió en que el pocero que hizo la prospección nunca tapó la boca de la misma tras no hallar agua en ella y que fue él quien la dejó cerrada con unos cantillos de hormigón.

Se trata de una posición encontrada con las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía y por los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, a través de su abogada, Antonia Barba. Estas partes coinciden en afirmar que el pocero tapó el pozo con una piedra y que días después se ejecutó en la finca una zanja en forma de 'L' para hacer un muro de contención. Al final de ese foso, donde jugaba Julen antes de precipitarse, era donde se encontraba el pozo. En este punto, y como ha señalado la defensa de Julen, puede haber cedido David porque se ha hablado de un reconocimiento de la culpa.

El día que se hizo la zanja, las acusaciones siempre mantuvieron que David dejó tapado el agujero con dos bloques de hormigón, "pisándolos fuertemente para que se quedaran sujetos y tapara bien la boca del pozo". Sin embargo, insisten en que el dueño de los terrenos regresó a la finca pasados unos días para realizar unas mediciones y movió esos cantillos, dejando al descubierto el agujero del pozo.

La defensa del acusado señalaba que no se sostenía la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces al padre del pequeño de la existencia de pozos. Esta última apreciación es la que ha provocado siempre un gran enfrentamiento entre ambos, porque el padre de Julen señalaba que nunca se le informó de que había un pozo abierto en la finca porque de haberlo sabido se habrían llevado al pequeño de allí. La boca del pozo era de 28 centímetros de diámetro, reduciéndose posteriormente hasta los 21-22 centímetros. En este punto también podría haber cedido David reconociendo que no previó el riesgo.

La fiscalía siempre consideró que David no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y la de Julen, que finalmente cayó por él".

El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda. Quedaba pues descartado uno de los argumento más polémicos esgrimidos por la defensa que llegó a señalar en un informe que fueron los servicios de rescate los que acabaron con la vida del pequeño por culpa de una piqueta. Eso se descartó, pero hizo un daño terrible a la defensa de David.

Antonio Flores Vila, socio fundador del bufete Lawbird Legal Services, que es el que representa al dueño de la finca, afirmó que su cliente alertó a la familia del riesgo que existía con el pozo, pero siempre pensando en algún tipo de lesión y nunca en que un niño pudiera precipitarse por el mismo. Las acusaciones, por su parte, aseveran que tanto la esposa de David –que es la prima de José y que estaba con ellos en la finca aquel 13 de enero– como los padres del niño no sabían que estaban preparando una comida a escasos metros de un pozo sin tapar. Tampoco conocían, según continúan, que esta prospección estaba en una de las extremidades de la zanja, ni que, cuando se introdujo en ella, el pequeño corría en dirección a la boca del pozo. En este sentido, el acuerdo puede arrojar luz a lo que realmente ocurrió.

Serrano tendría que hacer frente a las indemnizaciones que se piden en caso de que sea condenado. De todos es sabido que no posee dinero. Veremos lo que incluye el acuerdo porque un informe preliminar hablaba de 687.749 euros en un informe preliminar emitido por el Gobierno andaluz.