Las víctimas que han denunciado a Jorge Ignacio P.J., el sospechoso de haber asesinado a Marta Calvo y a otras dos mujeres introduciendo cocaína en sus genitales, por haber practicado lo mismo con ellas, poniendo en peligro sus vidas, prestarán declaración ante el juez que investiga esos hechos los días 24 de noviembre y 22 de diciembre.
El titular del Juzgado de Instrucción 20 de Valencia ha admitido, en un auto al que ha tenido acceso EFE, algunas de las diligencias de investigación solicitadas por Juan Carlos Navarro y Pilar Jové, así como la letrada del despacho de Baltasar Garzón, todos ellos abogados que representan a las familias de las víctimas mortales.
El juez considera necesario escuchar los testimonios de “las distintas mujeres que tuvieron relaciones sexuales con el investigado, utilizando éste una misma mecánica comisiva (introducción no consentida de bolas de cocaína en sus genitales con ocasión de dichas relaciones sexuales), al objeto de delimitar la naturaleza y reiteración de dichas acciones y su influencia en el fallecimiento de tres mujeres (Arlene, Lady Marcela y Marta) y el posible carácter intencional y consciencia sobre las consecuencia que dicha acción podía provocar en las mismas”.
Además, declararán las dos mujeres que asistieron a Lady Marcela en el domicilio, y los doctores que la atendieron en su ingreso, “para determinar las circunstancias en que se produjo su fallecimiento, al no haber declarado policialmente y a fin de concretar la calificación relativa a dicho hecho”.
El juez deniega el resto de testificales propuestas por diversas acusaciones, sin perjuicio de su práctica en el posterior juicio oral, entre ellas el testimonio de la madre del investigado o de la madre de la víctima Marta Calvo.
También ha rechazado el juez la diligencia de reconstrucción de hechos, entre otras razones porque Jorge Ignacio P.J. “se ha acogido de forma reiterada a su derecho a no declarar en sucesivas declaraciones judiciales, incluida la recientemente practicada, no colaborando en la investigación del presunto homicidio y la desaparición del cuerpo”, igualmente “sin perjuicio de su solicitud como práctica en sede de juicio oral”.
El magistrado acuerda algunas otras diligencias de investigación, entre otras la solicitud de informes sobre determinadas llamadas telefónicas del investigado.