Jorge Ignacio P. J. estaba en libertad provisional en el momento de la desaparición de Marta Calvo
Estaba libre tras recurrir una condena por un delito de tráfico de droga
Su abogada pidió el atenuante de toxicomanía presentando un documento
Jorge Ignacio P. J., el presunto autor de la muerte de Marta Calvo, ingresó en la cárcel en octubre de 2017 y fue juzgado un año después por trasladar un alijo de cocaína desde Valencia a Pamplona por la Audiencia Provincial de Navarra, según recoge Las Provincias.
El narcotraficante, afincado en Gandía, salió de la cárcel en 2018 y estaba en libertad provisional cuando se produjo la desaparición de la joven de Manuel tras haber recurrido su condena de 3 años y 3 meses de prisión.
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Los hechos recogidos en la sentencia de 2018 prueban que Jorge Ignacio contactó con otro narcotraficante colombiano, identificado como R. V. O., para suministrar cocaína de gran pureza que luego sería adulterada en un laboratorio clandestino de Orkoien, Navarra, según recoge el Diario de Noticias de Navarra.
Jorge Ignacio admitió que la droga encontrada en el piso, que tenía como destino el laboratorio, era suya -tras el registro de la policía-. Los agentes también detectaron mensajes de texto y otras comunicaciones que evidenciaban su participación, junto a un vecino de Pamplona, en el traslado de un paquete de 300 gramos de cocaína con un valor cercano a los 15.000 euros.
Atenuante de toxicomanía
La abogada que defiende al narco pidió para su cliente el atenuante de toxicomanía para rebajar su condena por el delito de tráfico de droga. Presentó un documento de un centro de tratamiento de conductas adictivas de Valencia, pero los magistrados desestimaron el recurso.
La letrada señaló en el juicio que Jorge comenzó su tratamiento de desintoxicación en agosto de 2017 y que acudió al centro con determinación para rehabilitarse. Meses después se produjo el arresto del colombiano tras la incautación del alijo de cocaína.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra emitió una condena de 3 años y 3 meses para el acusado en junio de 2018 pero la letrada recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. El fallo judicial contempló que Jorge Ignacio debe pagar una multa de 46.549 euros, además de prohibirle la entrada a España durante 5 años tras el cumplimiento de un tercio de la pena impuesta. Aunque logró la libertad provisional.