Una jueza de Orihuela (Alicante) investiga el sacrificio en una clínica veterinaria de la localidad de Catral de un perro de dos años a las veinticuatro horas de ser adoptado por una particular por, supuestamente, haber mordido a otro perro de su nueva casa.

La jueza ha requerido a la clínica que aporte la documentación que justifique el sacrificio de la mascota, de nombre Duque, y que identifique tanto al profesional veterinario que autorizó la muerte como a la particular que llevó al animal, han informado fuentes jurídicas.

La decisión se produce a raíz de una denuncia en el juzgado de guardia de Orihuela por un presunto delito de maltrato con resultado de muerte presentada por la Federación de Protección Animal de Alicante (Fedanimal), que agrupa a decenas de asociaciones de defensa de los derechos de los animales de la provincia.

Fedanima denunció el pasado noviembre que Duque era un perro sano, fuerte y de complexión musculosa de raza pastor caucásico que había sido abandonado por sus dueños tras un proceso de separación en el que inicialmente se había quedado con la mujer.

Sin embargo, esta no lo quería y posteriormente una residente europea de Catral se ofreció como casa de acogida para dar al perro una nueva familia, pese a lo cual a escasas veinticuatro horas de llevárselo lo sacrificó en una clínica veterinaria de la población "sin causa justificada".

Fedanimal tuvo conocimiento de lo ocurrido por publicarse en una red social (incluidas fotos del sacrificio) y se puso en contacto con la particular, quien adujo al colectivo que "el perro había mordido a otro más pequeño" que había en su domicilio y también "a un familiar", según consta en la denuncia.

Para el colectivo, se ha infringido el artículo 337.3 del Código Penal por un supuesto delito de maltrato animal con resultado de muerte, por lo cual la denuncia se dirige contra la particular que acababa de adoptar y contra el veterinario que causó la muerte "de un animal completamente joven y sano".

Además, la federación considera que el sacrificio infringe el artículo 9 de la normativa autonómica valenciana de tenencia de animales potencialmente peligrosos, que obliga al veterinario a reconocer en dos ocasiones, dentro de los diez días siguientes, al perro que cause heridas de mordeduras a personas o animales.

Esa norma prevé que el veterinario comunique la mordedura al ayuntamiento donde esté domiciliado el dueño, lo cual, al igual que el anterior punto, no ocurrió.