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Los resultados del Informe PISA 2018 que ha publicado este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constatan grandes diferencias entre los resultados de los estudiantes del norte de España y los del sur del país.
Por ejemplo, Galicia lidera la clasificación por comunidades en ciencias con 510 puntos, un resultado superior a la media de la OCDE, casi 100 puntos más de los que obtienen los estudiantes de Ceuta, 415, que son similares a los de países como México o Colombia.
España en su conjunto empeora sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas, que se realiza cada tres años. En matemáticas los estudiantes españoles obtienen 481 puntos, cinco menos que en el anterior informe de 2015, y 483 puntos en ciencias, diez menos que hace tres años. Tanto en matemáticas como en ciencias, el promedio de los países de la OCDE es de 489 puntos.
Por comunidades autónomas, Navarra logra los mejores resultados en matemáticas, 503 puntos (aunque pierde 15 respecto al informe de 2015), casi cien puntos más que Ceuta, que cierra la lista española con 411. Por detrás de Navarra y superando la media de los países de la OCDE se encuentran Castilla y León (502), Cantabria y Euskadi (499), Galicia (498), Aragón y La Rioja (497), Asturias (491) y Cataluña (490).
La Comunidad de Madrid, con 486 puntos, y Baleares (483), se sitúan ligeramente por encima de la media española en matemáticas. Por debajo, están las comunidades de Castilla-La Mancha (479), Región de Murcia (474), Comunidad Valenciana (473), Extremadura (470), Andalucía
En la clasificación de ciencias, Galicia desbanca, con 510 puntos, a Castilla y León, que consigue 501 perdiendo 18 en comparación con hace tres años. En esta competencia, los estudiantes de Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493) y Navarra (492) tienen mejores resultados que la media de la OCDE. Los de Cataluña, con 489, obtienen la misma puntuación del promedio internacional.
Superando la media española en ciencias se encuentran la Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi (487), y Castilla-La Mancha (484), mientras que por debajo se sitúan Baleares (482), Región de Murcia (479), Comunidad Valenciana (478), Extremadura (473), Andalucia (471), Canarias (470), Melilla (439) y Ceuta (415).
En lectura, la tercera de las competencias que evalúa el Informe PISA 2018, los resultados españoles no se han publicado tras detectar "anomalías" en "un porcentaje significativo" de las pruebas realizadas el año pasado en institutos de todo el país.
En la prueba de fluidez de lectura hubo estudiantes que resolvieron 20 preguntas en menos de 25 segundos respondiendo a todas con síes o noes, algo que sucedió en "un pequeño número de centros de algunas zonas de España", según la OCDE. La publicación de los resultados de esta prueba ha quedado aplazada sin fecha mientras se investigan las causas de este "comportamiento anómalo".
La Comunidad de Madrid, que ha perdido 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas respecto a 2015, reclamó el pasado viernes que no se publicaran los resultados españoles del Informe PISA al considerar que las pruebas de matemáticas y ciencia están "contaminadas" por las "anomalías" que se registraron en las pruebas de lectura.
El Ejecutivo madrileño, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, aseguró que los resultados de las pruebas de 2018 son "absolutamente inverosímiles". Además, el Gobierno regional afirma que ha detectado que en la base de datos figuran alumnos examinados en 2017, cuando las pruebas se realizaron en abril y mayo de 2018, así como alumnos que no hicieron la prueba y aparecen calificados con un cero, por lo que baja la media.
"Cuestionamos los resultados", dijo el pasado viernes el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que califica las pruebas de PISA como "auténtico desastre", por lo que defiende que "hay que desechar" sus resultados.
ANPE ha reaccionado ante los datos PISA destacando que en todas las ediciones de PISA se señala que el estatus socioeconómico es un factor determinante de los resultados académicos. España es uno de los países que aparecen bien posicionados en equidad: En matemáticas, solo el 12% de las diferencias en el rendimiento de los estudiantes se debe a su entorno y a la capacidad económica de las familias - en 2015 fue del 16% -, de igual forma, en el caso de ciencias, también se ha reducido del 13,4% al 10%.
Por otra parte, en 31 de los 79 países analizados, los directores de instituto ubicados en zonas más desfavorecidas reportaron una mayor escasez de materiales y un menor número de profesores que los centros de otros barrios más privilegiados, lo que “obstaculiza” la excelencia en la enseñanza. Respecto a la falta de profesorado, 49% de los centros más necesitados lo acusaron frente al 31% en los más aventajados, según los directores. En esos centros, los estudiantes se enfrentan a una doble desventaja, una ocasionada por las circunstancias familiares y, la otra, el propio sistema educativo.
En PISA, también se critica a los países con altos índices de segregación escolar (concentrar a los alumnos con menos recursos en los mismos centros), un modelo que reduce las posibilidades de los niños de comunicarse con compañeros de diferente estrato social, aumentando las desigualdades sociales en el futuro.
El informe muestra de nuevo, con reiteración, los puntos débiles de nuestro sistema educativo: la necesidad de coherencia y vertebración del sistema que se manifiesta en la brecha existente entre comunidades, la rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono educativo temprano del alumnado. Con la parálisis institucional que hemos tenido los dos últimos años que ha impedido poner en marcha las reformas necesarias e imprescindibles, además de la serie de recortes que se han aplicado, que aún no han sido revertidos y están deteriorando al sistema educativo, debemos ser capaces de lograr un acuerdo de mínimos entre todos los agentes políticos y sociales que impulse verdaderamente la educación en nuestro país.
ANPE exige un "Pacto de Estado político, social y territorial que siente las bases de la reforma global y profunda que necesita la educación en España, para vertebrar y cohesionar el sistema educativo, mejorar los rendimientos de todo el alumnado de manera que se eviten las enormes desigualdades entre comunidades autónoma". No solo eso también piden "elaborar una Ley de financiación de la enseñanza ya que consideran que el aumento del gasto público destinado a la educación debe partir ya del 5% del PIB para llegar hasta un 6% en los próximos años". Denuncian en este sentido que "los recortes presupuestarios en los últimos años han reducido el gasto educativo hasta un 4,1% actual, lo que nos aleja cada vez más de los países de la UE".
Abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, dando respuesta al diseño de la profesión docente en un doble aspecto, estableciendo una Ley de la profesión docente y, por otro lado, con un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación es otra de sus peticiones, así como apostar decididamente por la calidad de la enseñanza pública, que precisa de los mayores medios y recursos porque garantiza el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social.