La Fiscalía del Supremo asume la causa por el AVE a la Meca al poder afectar al rey emérito
La Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos
La Casa Real no se ha pronunciado sobre la decisión del Supremo
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
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"Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", señala el Ministerio Público.
En este caso, la Fiscalía del Supremo centrará sus pesquisas en la fase II de la construcción del llamado "AVE del desierto", que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. "Dada la transcendencia institucional de esta investigación", la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado al fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, que dirija la investigación, auxiliado por otros tres fiscales, "que asumirán la innegable complejidad técnica" de las diligencias.
Hace unos meses Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña -llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I- a una cuenta de su amiga Corinna Larsen. Precisamente fue una conversación de Larsen con el excomisario José Villarejo -en prisión desde 2017- la que dio origen a estas diligencias, que discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.
En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el monarca habría reservado un millón para otra "antigua amante" residente en Ginebra. A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo "no solicitado" del rey emérito, "quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado".
Paralelamente, a mediados de marzo, el diario británico The Telegrah publicó que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de una cuenta de la fundación panameña vinculada a su padre, lo que le llevó a anunciar que renunciaba a su herencia y retiraba la asignación al rey emérito. En dicha conversación, grabada por Villarejo, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito y de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans. Aludió a comisiones que podrían ascender a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlos.
Dos años tras los pasos del rey emérito
La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar el presunto pago de posibles comisiones por la construcción del AVE a La Meca, en el que una de las personas involucradas sería Juan Carlos I, es el último episodio en las indagaciones de unos hechos que se destaparon en julio de 2018. Estos son los principales hitos en relación con este caso ocurridos en los dos últimos años:
2018
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- 20 julio.- El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea cita a declarar al excomisario José Manuel Villarejo tras conocerse unas grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres en el que la que fue amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen habría desvelado que éste tiene cuentas en Suiza donde habría cobrado comisiones del AVE a La Meca y que fue la utilizó como testaferro.
- 26 julio.- La Fiscalía Anticorrupción cree que hay que analizar la autenticidad de las grabaciones entre Villarejo y Corinna para posteriormente valorar si el rey emérito pudo incurrir en delito sin estar protegido por su inviolabilidad.
- 7 sep.- La Fiscalía no ve delito en los hechos revelados por Corinna en su conversación con Villarejo, salvo un posible delito de corrupción en la contratación del AVE a La Meca, aunque por entonces era inviolable.
- 26 diciembre.- La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de investigación después de recibir la información sobre el presunto pago de comisiones en la obra del AVE a La Meca para decidir si presenta una querella por estos hechos.
2019
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- 16 abril.- El Tribunal Supremo archiva la querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE contra Juan Carlos I por 13 delitos.
- 2 junio.- El anterior jefe del Estado se retira de la vida pública y de la actividad institucional coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación.
- 12 septiembre.- Corinna Larsen declara en Londres ante un fiscal español que conoce "hechos limitados" y a través de "terceros" sobre la construcción del AVE saudí.
- 11 octubre.- La Fiscalía suiza pide a la Audiencia Nacional los audios de Villarejo y Corinna para incorporarlos a la investigación que tiene abierta a presuntos testaferros de cuentas en el país helvético de la fundación Lucum, radicada en Panamá, y cuyo beneficiario es don Juan Carlos.
- 19 diciembre.- El fiscal suizo Yves Bertossa toma declaración a Arturo Fasana y Dante Canónica, gestores de la cuenta de Lucum, y a Corinna, al considerar que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación proceden del rey saudí Abdalá.
2020
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- 3 marzo.- El diario suizo Tribuna de Ginebra publica que el fiscal Bertossa ha encontrado evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte Fasana y Canónica.
- 4 marzo.- El abogado de Corinna Larsen asegura que los 65 millones de euros donados por Juan Carlos I a su clienta fue "un regalo" y que la aristócrata alemana no está relacionada con ninguna investigación judicial.
- 5 marzo.- La Fiscalía Anticorrupción envía una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre la supuesta donación de 65 millones de euros desde Lucum a una cuenta de Corinna.
- 10 mar.- El Congreso rechaza las peticiones de distintos grupos, entre ellos, Unidas Podemos, para crear una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I.
- 14 marzo.- El diario británico The Telegraph revela que Felipe VI aparece como el segundo beneficiario de la fundación Lucum.
- 15 marzo.- Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación que recibe cada año del Estado.
- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se muestra partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito.
- 17 marzo.- El rey Juan Carlos no ha recibido por el momento ninguna notificación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal alguna, ya sea nacional o extranjera, según señala su letrado, Javier Sánchez-Junco.
- 18 marzo.- Corinna revela que se reunió en 2019 con Juan Carlos I para buscar "un diálogo de buena fe" que pusiera fin a "la campaña de abuso" de la que se consideraba víctima.
- 2 mayo.- El abogado Arturo Fasana declaró a la Fiscalía suiza que don Juan Carlos le entregó 1,9 millones de dólares supuestamente donados por el sultán de Bahréin en 2010, según revela El País.
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que el impacto internacional y nacional sobre las informaciones del rey Juan Carlos es "grande" y el Gobierno "no es ajeno a ello"
La Casa Real, muda
La Casa Real no se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar el presunto pago de posibles comisiones por la construcción del AVE a La Meca, en el que una de las personas involucradas sería Juan Carlos I. La noticia sobre la decisión de la Fiscalía se ha conocido durante la visita de los reyes al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), en su primera actividad una vez que la Comunidad de Madrid ha estrenado la fase 2 de la desescalada.
Don Felipe ha pronunciado unas palabras en las que ha destacado el papel de los deportistas españoles y la importancia de que los ciudadanos actúen como "un gran equipo" para derrotar a la pandemia, pero sin hacer ninguna alusión al asunto la investigación judicial de su padre.
Tras enterarse de los presuntos negocios en Suiza a través de fundaciones opacas, la Casa Real divulgó un comunicado el pasado 15 de marzo en el que Felipe VI comunicaba la renuncia a la herencia de su padre y la retirada de la asignación presupuestaria. También se apuntaba que don Juan Carlos había designado a Javier Sánchez-Junco como abogado para ejercer su derecho de defensa y que sería él quien procedería a dar cuenta públicamente de las informaciones que le pudiesen afectar.
La investigación abierta por la Fiscalía del Supremo se centra en "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución. La investigación surge de unas diligencias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2018 para investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011, cuando don Juan Carlos era aún jefe del Estado.