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La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.
Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa, por lo que explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
José Manuel Franco declara este miércoles ante la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
La declaración, que tendrá lugar a partir de las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, se celebrará justo después de conocer el segundo informe de la Guardia Civil, que asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde "mediados de febrero", cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal.
Esto contrastaría con el argumento de la Delegación del Gobierno, que defiende que no tuvo ninguna noticia o alerta sobre el riesgo de contagio por el virus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.
Asimismo, la Guardia Civil también cuestiona que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el pasado 2 de marzo.
Ante el intento de varias acusaciones populares de acusar a Simón, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha avisado ya en varias resoluciones que no le va a investigar porque "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas por José Manuel Franco relacionadas con la crisis sanitaria.
Los informes del Instituto Armado han suscitado una crisis política por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.
Todo ello coincidió con un oficio que envió la magistrada a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que se inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas. Así, advirtió que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.