Casi 2000 familias luchan por cobrar el dinero que el régimen de Franco requisó a sus familias y que podría ascender a 200 millones de las antiguas pesetas. Todas se han agrupado en la Asociación de perjudicados por la incautación del gobierno franquista y reclaman que se solucione su contencioso, porque la ley de memoria histórica les dejó fuera.
"Durante la guerra, como el ejercito de Franco no tiene dinero lo que hicieron fue requisar en todos los pueblos el dinero de todo el mundo. Era obligatorio darlo porque se enfrentaban a la pena de muerte", cuenta Agustín Aranda, afectado y miembro de APIGF.
"Eran jornaleros, tenían tiendas y como a toda sociedad civil se le reclamo que entregaran el dinero. Se entregó todo el dinero que había en casa y les dieron el papel conforme cuando pudieran se lo devolverían, pero eso nunca pasó", añade Laura Cervera, historiadora y colaboradora de la asociación.