Los familiares de personas con dependecia se sienten desamparados por el Estado y demandan soluciones urgentes

La pandemia nos impuso un confinamiento en el que hubo momentos muy difíciles. Un periodo que para algunos hogares se hizo casi insoportable. Así fue para las familias que tienen familiares con discapacidades y dependientes tras el cierre de los centros de día. Esos hijos, padres y madres tuvieron que dejarlo todo para cuidar de los suyos y a veces se sintieron perdidos y olvidados.

Pilar es dueña de un bar y no le queda más remedio que llevarse cada día a su madre enferma de Alzheimer porque nadie más puede quedarse con ella. “No la puedo dejar 5 minutos sola”, comenta. Desde que cerró el centro de día no recibe terapia y ha empeorado.

Tres meses lleva Rosa dedicándose en cuerpo y alma a su hijo, Roi. El joven con discapacidad se ha quedado sin sus clases de fisioterapia y, sobre todo, sin sus sesiones de karaoke, que le daban la vida.

Lo mismo le ocurre a Tania. Sus padres son ahora también sus cuidadores a tiempo completo, pero su cariño no sustituye a las terapias el centro de día y su comportamiento ha empeorado. “De la fase de tristeza, otra fase de agresividad, otra de pensativo que no sabes lo que están pensando”, observan.

Como ellos, 4 millones de dependientes reclaman la reapertura de los centros de día y piden que la desescalada también les alivie a ellos.

Protestas desde la ONU

Por otra parte, desde la Federación de Vida Independiente (FEVI), organización de derechos humanos de ámbito estatal que aglutina a las Oficinas de Vida Independiente de España, han lanzado un manifiesto en el que se denuncian esta situación y se hacen eco de la alerta del Comité de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad sobre la protección a las personas discapacitadas en la crisis del COVID-19, que considera que se ha hecho muy poco para orientar y a poyar a las personas con discapacidad durante la pandemia.

Concretamente aluden a las declaraciones de la relatora especial de la ONU, Catalina Devandas, que ha señalado que muchas de las personas con diversidad funcional pertenecen a un grupo de alto riesgo y “sienten que las han dejado atrás”, sobre todo aquellas quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse. La relatora agregó que este apoyo es básico para su supervivencia y que los Estados deben tomar medidas adicionales que garanticen la protección y la continuidad de los apoyos a este grupo de población durante la crisis. Devandas señaló también que la situación de las personas con discapacidad internadas en instituciones, establecimientos psiquiátricos y prisiones es particularmente grave, por el riesgo de contaminación y en muchos casos la nula supervisión externa, situación que se ha visto agravada por las circunstancias derivadas del estado de alarma y la crisis sanitaria.

Amparándose en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, FEVI advierte además sobre algunos de los graves déficits percibidos en relación a la protección de los derechos humanos en el estado español durante la crisis del COVID-19 y llaman la atención sobre el fracaso de las instituciones de internamiento residencial colectivo de ancianos y discapacitados. “Debería conducir a liquidar ese modelo de centro asistencial”, declaran.