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El Centro Médico Virgen de la Caridad, donde se llevó a cabo la operación de cirugía estética de Sara Gómez, la mujer de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura, ha asegurado que ha dado respuesta a todos los requerimientos solicitados tanto por la Consejería de Salud como por la Fiscalía a través del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena y ha reiterado que el centro sólo se limitó a "alquilar el quirófano".
Según han defendido fuentes del centro médico en un comunicado, las atenciones en el postoperatorio "se ajustaron a los protocolos médicos en estos casos", y se centraron en estabilizar y dar traslado a la paciente, a través de los servicios de una UVI móvil medicalizada dotada con el personal médico-sanitario que corresponde a estos servicios, y que consiste en un conductor, un médico, un enfermero y un técnico. Además, desde la clínica han defendido que los protocolos de transfusión de sangre "fueron los ajustados a las necesidades de la paciente en todo momento con absoluta garantía".
En este sentido, han insistido en que su relación con el caso se circunscribe al "alquiler del quirófano para una liposucción realizada por un facultativo externo", aunque "se comprometen a seguir colaborando en la investigación de los hechos".
De este modo, el portavoz del centro médico 'Virgen de la Caridad', Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche, ha expresado la "absoluta disposición a colaborar en el esclarecimiento de estos hechos que se han generado en uno de los quirófanos alquilados, compartiendo el dolor y la necesidad de conocer las causas que tienen familiares y amigos que han perdido a su ser querido".
El portavoz ha apuntado que "si buscamos la verdad, tenemos que huir del bulo y la generación de dudas injustificadas que no ayudan al esclarecimiento de las circunstancias, ni arroja luz sobre estos hechos".
Los familiares de Sara Gómez, la mujer que falleció tras someterse a una lipoescultura, se concentrarán este sábado en la Glorieta de España de la ciudad de Murcia para "cambiar la legalidad" y evitar que otras personas pasen "por lo que ha sufrido Sara".
En relación a las investigaciones, el nuevo abogado de la acusación particular de una parte de la familia de Sara, Evaristo Llanos ha dicho que "esperan a recibir la prueba pericial médico forense con la descripción de los hechos para saber el grado de responsabilidades del cirujano que intervino a Sara", esto junto al resto de pruebas periciales, "esperan sirva para un pronto esclarecimiento de los hechos", ha asegurado el letrado.
La otra abogada que ejerce la acusación particular del hijo menor de Sara y su pareja, Mercedes Murcia Mazón, ha comentado que "esperan saber exactamente qué pasó en el quirófano" e investigar y aclarar si el presunto acusado del delito "tenía o no la preparación teórica y práctica adecuada para este tipo de intervenciones, además de conocer el material usado en la operación".
Al respecto, ambos letrados han querido centrar las acusaciones sobre la responsabilidad penal de los hechos en el "médico que llevó a cabo la intervención, en el centro hospitalario Virgen de la Caridad de Cartagena y en el centro de estética que derivó a Sara" a la clínica cartagenera para averiguar "qué grado de responsabilidad civil y penal puede tener está empresa, conocer con que médicos trabaja y a qué centros deriva".
El proceso está en fase inicial aunque los letrados han agradecido "la diligencia y rapidez" con la juez del caso ha actuado para iniciar la ronda de declaraciones a los testigos y comenzar la asunción de las diferentes pruebas periciales. Tras tener todos los datos, los abogados exigirán la pena "que corresponda" según la aplicación a la que quede sujeto en el Código Penal.
En este sentido, Murcia Mazón y Evaristo Llanos han reconocido que la familia "no ha pedido en ningún momento compensación económica" sino que solamente se ha "hablado de hacer justicia y de que nadie pase por lo mismo que ha pasado Sara".
De hecho, la actual pareja de Sara, Ezequiel Nicolás, ha reconocido que tras el caso de Sara "muchas personas han contactado" con los familiares asegurando "los malos resultados obtenidos en operaciones similares a la de Sara".
En la rueda de prensa, también ha estado presente el presidente de la Unión de Consumidores Españoles en la Región de Murcia (UCERM), Juan José Gómez Conesa, quien ha comparado este caso a los sucedidos con clínicas dentales donde se ofrecían servicios que eran realizados "por personal que no reunía las competencias necesarias". En este sentido, Gómez Conesa ha exigido "un cambio en la legislación" por parte de las administraciones y a la entidades colegiales, y ha apremiado a que "persigan el intrusismo profesional y a la aplicación de los códigos deontológicos" por parte de estas entidades. Finalmente, ha pedido a las autoridades de Consumo y Trabajo que "no baste con un título de medicina, sino que la ley debe exigir experiencia acreditada especializada para llevar a cabo este tipo de intervenciones".
Según relata la denuncia interpuesto por la familia, la operación conllevó anestesia general y duró unas cinco horas. Transcurrido ese tiempo, el médico informó al acompañante de la joven de que la intervención había salido bien, pero había perdido gran cantidad de líquidos y sangre, con lo que se encontraban estabilizándola.
Tres horas más tarde, el doctor transmitió al acompañante la decisión de trasladar a la chica al Hospital General Santa Lucía "como método de prevención". Sin embargo, la historia clínica de este último complejo hospitalario apunta que la mujer ingresó "en shock hipovolémico y en una situación de extrema gravedad", por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia.
En el diagnóstico de la mujer aparecen, entre otros hallazgos fruto de la intervención, diversos daños como peritonitis fecaloidea y biliar, necrosis isquémica de colon ascendente, múltiples perforaciones intestinales, perforación duodenal, necrosis de pared abdominal, laceraciones hepáticas, absceso retroperitoneal y evisceración contenida.