{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El jurado popular ha declarado culpables por unanimidad a los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, el acusado de inducir el crimen por celos tras descubrir que su mujer y el edil mantenían una relación, dos hombres que lo ejecutaron por dinero y la persona señalada como intermediario. El jurado, que comenzó a deliberar el pasado lunes, ha leído sus conclusiones en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde se desarrolló la vista oral a lo largo de dieciocho sesiones. El jurado considera probado que Javier Ardines y la mujer de Nivea mantenían una relación sentimental y que fueron los celos por esta situación el principal móvil del crimen. Consideran probado que Pedro Luis Nieva fue el inductor del asesinato y que contactó con los sicarios a través de Muguruza. Consideran que este no sólo fue el intermediario entre Nieva y los sicarios, sino que también participó activamente en la organización del crimen. Los dos sicarios también han sido declarados culpables de haber causado de forma intencionada la muerte de Javier Ardines.
El jurado, que comenzó a deliberar el pasado lunes, ha leído sus conclusiones en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde se desarrolló la vista oral a lo largo de dieciocho sesiones.
La Fiscalía y la acusación particular solicitan para Pedro N.A, acusado como inductor, los ciudadanos argelinos Djilali B. y Maamar K., acusados como sicarios, y Jesús M., señalado como intermediario una pena individual de 25 años de prisión en una sentencia que ahora deberá dictar la Audiencia de Oviedo.
El cadáver de Javier Ardines fue hallado en un camino vecinal de la parroquia rural de Belmonte de Pría, a escasos metros de su casa, sobre las 8:00 horas del 16 de agosto de 2018. Según el informe forense, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y después fue asfixiado.
Tras seis meses de complejas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a Pedro N.A., como presunto inductor; a Djilali B. y Maamar K., acusados de ejecutar el asesinato a cambio de dinero, y a Jesús M., como intermediario. El jurado debe pronunciarse ahora sobre unos hechos por los que los acusados se enfrentan a peticiones de condena de 25 años de cárcel.
La Fiscalía y la acusación particular siempre mostraron la "plena seguridad" de que Pedro N.A., señalado como supuesto inductor, y Jesús M., como presunto intermediario, informaron a Djilali B. sobre las rutinas del concejal -un hombre metódico en horarios y costumbres- para garantizar el éxito de su emboscada y él convenció a su amigo Maamar K. para repartirse el dinero pactado: 25.000 euros para cada uno. Para las defensas, esta es sólo una de las muchas "conjeturas" de las acusaciones ante el hecho de que el único ADN que se halló en la escena del crimen pertenece a una mujer que mantuvo relaciones sexuales con Ardines la víspera del asesinato, por lo que cuestionan que los investigadores no la incluyeran a ella ni a su entorno en la lista de sospechosos.
La Fiscalía consideró siempre "contundente" la prueba indiciaria aportada por la Guardia Civil sobre el posicionamiento de los móviles de los acusados. Los medios tecnológicos empleados situaron "sin ningún género de dudas" el móvil de Maamar K. a "200 ó 250" metros del cadáver de Ardines, pero la defensa lo justificó en que "lo había perdido y no funcionaba". Tampoco considera válida esta prueba la defensa de Djilali B. al no haber en las diligencias ni una sola referencia a su teléfono, mientras que las defensas de Pedro N.A. y Jesús M. aseveraban que sus teléfonos les sitúan en su residencia habitual en Vizcaya.
El 27 de julio de 2018, la señal del repetidor de antena de Pechón (Cantabria) localizó los móviles de Jesús M. y Pedro N.A. y de un tercer pasajero al que las acusaciones identificaron como Djilali B. cuando se dirigían en un mismo vehículo desde el País Vasco a Asturias, presuntamente para preparar el asesinato.
Las defensas negaron que ese tercer viajero fuera el presunto sicario y aseguran, por el contrario, que era un amigo de Jesús M. llamado Julián, que les habría acompañado para reparar el tejado de la casa que Pedro N.A. tiene a escasos metros de la de Ardines, en Belmonte de Pría. Una versión que, según la Fiscalía, era "un invento" ante un supuesto testigo "sorpresa" al que se nombró por primera vez en el juicio sin que llegara a testificar.
A los seis meses de la investigación, los agentes dieron "por resuelto" el caso con las detenciones, el 19 de febrero de 2019, de Pedro N.A., Jesús M. y Djilali B. mientras que se iniciaron los trámites para la extradición de Maamar K. que en esa fecha cumplía condena en Suiza por robo.
La Fiscalía atribuyó la autoría intelectual del crimen a Pedro N.A., un hombre "celoso y vengativo" que vivía "atormentado y desesperado", tras descubrir la infidelidad de su esposa, una obsesión que le llevaría a ejercer un control absoluto sobre ella, a quien colocó una baliza de seguimiento en su vehículo. Sin embargo, las defensas mantenían que la UCO focalizó "erróneamente" desde un principio las sospechas sobre él, pese a que no tenía ningún tipo de "animadversión ni odio" hacia la víctima.
Las acusaciones siempre apostaron a que los celos de Pedro N.A. fueron decisivos para la planificación y ejecución del asesinato, pero las defensas derivaron el móvil hacia posibles conflictos que pudo tener la víctima como concejal de Personal, Playas y Medio Rural, como el supuesto malestar de una parte de la plantilla interina al sacar sus plazas a concurso o enfrentamientos con algunos vecinos. Al final el jurado popular ha decidido que los cuatro acusados son culpables.