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Las últimas leyes educativas, lejos de lograr consenso, tan solo generan dos amplias posiciones: a favor y en contra. Fue el caso de la conocida como ley Wert y lo está siendo con la inminente ley Celaá, aprobada por la mínima en el Congreso de los Diputados antes de pasar por el Senado y volver a la cámara baja para su tramitación definitiva. Y uno de los puntos calientes vuelve a ser la política lingüística de Cataluña.
La Lomloe sustituirá a la Lomce y suprimirá su referencia al castellano como lengua vehicular en los centros educativos públicos. Sus detractores (como el Partido Popular, que ha iniciado una recogida de firmas contra su aprobación) la demonizan al asegurar que eliminará el castellano de la docencia impartida en centros catalanes, mientras que sus defensores (con Esquerra Republicana a la cabeza) sacan músculo al aseverar que blinda la inmersión lingüística del catalán. ¿Qué hay de verdad en todo ello?
Las aulas catalanas (así como las valencianas y las baleares) empezaron a incorporar el catalán como asignatura en la educación infantil y primaria a partir de 1978. El Real Decreto del mismo año de la aprobación y ratificación de la actual Constitución abrió la puerta a la inmersión lingüística en Cataluña, oficializada después en el Parlament de la comunidad. Entonces, la Generalitat ya contaba con las competencias en educación gracias al Estatut d'Autonomia de 1979 y el trámite levantó un gran consenso: tan solo dos diputados de la cámara votaron en contra de la ley 7/1983 de normalización lingüística.
El objetivo, que el catalán recuperara terreno perdido frente al castellano y hacerlo desde las escuelas, impartiendo la mayor parte de su docencia en catalán, una lengua que "ni se enseñaba y, si se hacía, era a escondidas de los inspectores educativos", en palabras del profesor experto sobre la lengua en el sistema educativo, Pere Mayans Balcells. Las primeras escuelas en aplicarlo tras la aprobación de la ley fueron las de Santa Coloma de Gramenet, ciudad barcelonesa en la que la mayor parte del alumnado era castellanoparlante y los movimientos vecinales facilitaron la llegada del catalán a sus aulas. En 1990, más de 700 centros y 52.000 alumnos seguían el programa y los centros de secundaria cogieron el testigo de los ciclos inferiores a lo largo de la década.
Un proceso que "no se hizo de la noche al día ni desde la imposición, sino a través del convencimiento y la necesidad" de proteger una lengua minoritaria, insiste el experto. Los centros públicos y concertados fueron incorporando la normativa a ritmos diferentes hasta la actualidad, en la que todos la aplican (aunque, en función del contexto sociolingüístico del barrio o municipio en el que se encuentra el colegio, lo hacen más o menos).
Por su parte, la justicia ha establecido cuál debe ser la proporción de ambas lenguas: ante las demandas de varios padres que consideraban que el castellano debe tener mayor protagonismo en las aulas públicas y concertadas, el Tribunal Constitucional avaló que la lengua de Cervantes debe ocupar el 25% de la docencia de los estudiantes catalanes a través de una asignatura troncal (además de la propia). Cuatro años más tarde, los magistrados ratificaron el programa lingüístico, recogido en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 a la que, no obstante, tumbó otros diez artículos.
La premisa del exministro popular de Educación, José Ignacio Wert, de "españolizar a los niños catalanes" (tal y como expresó en el Congreso en 2012) llevó a la comunidad educativa a la huelga y a manifestarse por las calles de las principales ciudades catalanas. Lo hizo para protestar contra la Lomce, que elevó el castellano al estatus de lengua vehicular en todo el país, algo visto como "un ataque al modelo de éxito de la escuela catalana", según Francesc Marco, miembro de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua.
No obstante, la ley Wert "no tuvo ningún impacto en la inmersión lingüística más allá del mediático", insiste Mayans, que considera que la cantidad de materia impartida en castellano no aumentó por ella y que el catalán siguió siendo la lengua vehicular. Asimismo, augura que la de Isabel Celaá tampoco tendrá consecuencias en el programa ni blindará el programa porque, tanto para una cosa como para la otra "hace falta un gran acuerdo de país". Por su parte, Marco sostiene que la nueva ley "abre la puerta a que los gobiernos autonómicos resuelvan las carencias del alumnado" en la lengua propia de la comunidad y que, por tanto, sí protege la inmersión lingüística.
Tras 40 años de inmersión lingüística en Cataluña, los técnicos insisten en su éxito en las aulas al haber "normalizado" el catalán en ellas y mejorado las oportunidades laborales del alumnado. Sin embargo, los más críticos lamentan que parte del alumnado no acaba su formación obligatoria con pleno dominio de ambas lenguas. También hay quien considera que puede generar desigualdad entre alumnos.
El investigador Álvaro Choi, que celebra que la inmersión haya permitido la recuperación de la lengua catalana, sostiene que "toda política pública comporta ganadores y perdedores". Choi basa su estudio en los resultados de los exámenes PISA de 2015 para asegurar que el rendimiento de los estudiantes cuya primera lengua es el castellano es inferior al de los alumnos que tienen el catalán como primera lengua y que esto puede ser resultado de su escolarización en un idioma diferente al materno. Algo rebatido por Marco, que se remite a los resultados de las pruebas de competencias básicas de la comunidad para constatar que "la lengua familiar no tiene ninguna incidencia en el rendimiento" y que este depende de componentes socioculturales más que del idioma. Mayans, por su parte, recuerda que ambas son lenguas románicas e insiste en sus grandes similitudes.
Por otro lado, la inmersión lingüística ha garantizado el conocimiento por parte del alumnado del catalán, "pero no su uso mayoritario en el resto de la vida social", según Mayans, que lamenta que "los agentes externos a la escuela no favorecen a ello". En este sentido, Marco asegura que "los referentes lingüísticos no pasan solo por las escuelas, sino que van mucho más allá, como la música, los videojuegos, las series, las redes sociales, etc. Por ello, Plataforma per la Llengua lidera unas 10.000 campañas de recogidas de firmas para extender el uso del catalán y que, por ejemplo, la plataforma de contenido 'online' Disney+ incorpore lo incorpore a su lista de idiomas. De hecho, la empresa accedió y ofrece algunos títulos en este idioma, aunque no los suficientes bajo el criterio de los impulsores de la iniciativa.
Asimismo, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), el uso del catalán en la vida social va a la baja. En 2003, este era la lengua habitual del 46% de la población residente en la comunidad; en 2018, la cifra ha descendido diez puntos hasta el 36,1% de entonces (son 2.305.100 las personas que usan más el catalán que el castellano). Algo a lo que Mayans y Marco encuentran explicación en la llegada de población inmigrante las últimas dos décadas. De hecho, este fenómeno motivó la creación de las llamadas aulas de acogida, oficializadas en la LEC del Parlament del 2009 y que buscan facilitar el aprendizaje del catalán por parte de los alumnos extranjeros y su integración.