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Un juzgado madrileño ha imputado por un presunto delito de homicidio a la directora de una residencia de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital, mientras la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar la muerte de nueve ancianos en residencias del municipio de Leganés.
En el primer auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid considera que los hechos denunciados por los familiares de la fallecida y el colectivo Marea de Residencias "revisten caracteres de presuntos delitos de homicidio".
Así, cita como investigada a la directora del centro Gran Residencia para el próximo 26 de febrero, día en que también escuchará, pero como testigo, a un médico de la residencia.
El auto del Juzgado de Instrucción número 50 sobre este fallecimiento es recurrible.
El proceso es consecuencia de la querella interpuesta por una veintena de familiares de fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid contra los responsables de las mismas y contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros, por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.
Estos familiares están agrupados en el colectivo Marea de Residencias, cuyo letrado, Carlos Vila, ha subrayado a Efe la importancia de que, por primera vez en la Comunidad de Madrid que ellos tengan constancia, un magistrado cite como imputada a una responsable de estos centros para determinar lo ocurrido y demostrar "que la actuación de la Comunidad de Madrid fue nefasta y no tomó medidas hasta que hubo más de mil muertos".
La querella recayó en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, que la remitió al Tribunal Supremo al estar aforada la presidenta regional, según recuerda el abogado.
El Supremo devolvió el caso al juzgado solicitando un informe motivado sobre los indicios de delito, para, en su caso, derivar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al estar denunciados Díaz Ayuso y dos consejeros.
Entonces, el Juzgado de Instrucción número 39 se hizo cargo de uno de los casos denunciados pero envió el resto al Decanato para su reparto, según destaca el letrado, que ha recurrido esta decisión porque se trata de casos "muy parecidos".
Tras ese reparto, el caso del centro Gran Residencia recayó en el Juzgado de Instrucción número 50, que acuerda ahora la imputación de la directora.
Consecuencia también de la querella interpuesta por familiares integrados en Marea de Residencias es otro auto conocido recientemente por este colectivo, en el que la Audiencia Provincial de Madrid revoca la decisión de un juzgado del municipio de Leganés de archivar la querella interpuesta por familiares de nueve fallecidos por coronavirus y dos infectados en varias residencias de esa localidad.
La Sección 27 de la Audiencia madrileña estima parcialmente el recurso interpuesto por familiares de esos once ancianos para que se practiquen diligencias, y revoca el auto dictado el pasado 18 de agosto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés.
La Audiencia toma esta decisión a pesar de que la Fiscalía pidió que se confirmara el archivo, según destaca a Efe el letrado Carlos Vila.
Los magistrados consideran que "los hechos pueden ser constitutivos, inicialmente y sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, de homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro, de delito de trato degradante y de delito de prevaricación".
Recuerdan que no son competentes para decidir sobre la responsabilidad de la presidenta regional y los consejeros, pero sí para determinar si hubo delito por parte de los centros.
Determinan que se debe individualizar cada uno de los casos relatados, solicitando a las respectivas residencias que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron y, en particular, los criterios de derivación a centros hospitalarios.
La Sala pide también que se requiera a las residencias la historia de los residentes a los que hace referencia la querella y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular, así como que informen por escrito de cuáles eran los medios de protección individual y personal de los que disponían.
El tribunal requiere a varios hospitales que informen sobre las historias clínicas y los fallecimientos de tres de los afectados.