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Ningún cachete, ni bofetada, ni colleja de los padres a sus hijos es legal en España desde la reforma socialista de 2015. El castigo fue eliminado de la redacción del artículo 155 del Código Civil con la Ley 11/1981 y se mantuvo en el art. 154 la facultad de corrección "de forma moderada y razonable". Posteriormente, la Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, eliminó finalmente la facultad de corrección de los progenitores respecto a los menores.
A pesar de que la Ley prohíbe la facultad de "corrección", los jueces han entendido que algún cachete aislado no merece castigo pena en algunas circunstancias. Y así lo han manifestado en algunas sentencias, pero no todas. Por otro lado, las agresiones de hijos a padres aumentan. Cada día se presentan en España casi 13 denuncias por agresiones de hijos a sus padres o hermanos La pregunta es ¿Están los padres acosados por la ley? ¿Temen poder ir a la cárcel más que nunca? Los casos judiciales van desde un padre mallorquín que reclamaba a la Justicia en febrero de este año que le retiraran la patria potestad de sus dos hijos menores de edad porque le amenazaban de muerte, consumían drogas y no iban al colegio, hasta otro que pierde la custodia compartida por ser un fumador patológico.
La última sorprendente petición de condena se produjo este martes. El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla juzgará a un padre por abrir una carta que estaba dirigida a su hijo de diez años. La misiva estaba escrita por la tía materna del menor quien, a través de su representante legal, ejerce la acusación particular y pide que se le imponga una pena de dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
A finales de 2018, un padre de Lleida, en Cataluña, fue condenado a no ver a su hijo durante un año. Le pegó por hacerse pis en la cama. En 2014, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona condenaba a 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a seis meses de alejamiento por un delito de lesiones a un padre que pegó a su hijo de 8 años porque no hacía unos deberes.
En 2009, la Audiencia Provincial de Zaragoza revocó la sentencia de un juzgado y absolvió a un padre condenado a tres meses de cárcel por dar un cachete a su hija y un azote. Lo hizo porque se consideró que el castigo fue una corrección disciplinaria sin causar daño, no un maltrato. En los últimos tiempos nos sorprenden sentencias que condenan a padres y madres por cachetes o no preservar su intimidad. ¿Cómo actuar entonces?
El cachete estuvo normalizado en épocas pasadas en España. Quién no ha escuchado esa frase que mezcla nostalgia con dolor emocional: "A mí ya me habrían dado un capón por hacer eso". Pero lo que un día era un método más de enseñanza, hoy queda en entredicho. El pasado marzo en Pontevedra, una madre fue condenada a dos meses de cárcel y a una orden de alejamiento de 200 metros de su hijo durante seis meses ¿La causa? Darle dos bofetadas ante la negativa de este a ducharse. La Justicia consideró que cometió un delito de maltrato en el ámbito de violencia doméstica. La mujer, arrepentida, pidió perdón por todas las televisiones de España.
Así se han sucedido los casos de progenitores denunciados por aplicar un correctivo físico, ante lo que parte de la sociedad se muestra escéptica. Una de las figuras que no lo ve así es el juez de menores en Granada Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplares, tal y como refleja en su libro Mis sentencias ejemplares, a menores como acompañar a una patrulla de Policía Local durante 100 horas o dibujar un cómic con los motivos de la sentencia.
Una de sus consignas más célebres, que repitió el pasado marzo durante la conferencia Conciliar en Familia en Málaga, es no ser colega de los menores y mantener las distancias, aunque sin llevarlo al extremo. Asimismo, durante aquella jornada, expresó no entender “cómo se puede educar a un niño sin un cachete”, aunque siempre sin ser desproporcionado. "Si tus hijos te ven como un amiguete, perderás tu autoridad y te ellos te perderán el respeto. Y la familia, que no es ni puede ser una democracia, se convertiría en una asamblea estilo Pancho Villa. Esto no quiere decir que no seamos enemigos de nuestros hijos. Tenemos que quererles y debemos decírselo para que lo sepan", remata el magistrado en su blog.
Por el contrario, la jueza de menores del Juzgado nº1 de Madrid, Concepción Rodríguez, muestra una visión crítica de los castigos físicos y recuerda que “nuestro código civil lo que permite es velar por los hijos, educarles, ofrecerles una formación integra y corregirles pero no físicamente”. No obstante existen situaciones límite en las que tras las constantes negativas o faltas de los menores, Rodríguez entiende que los padres “en determinados momentos de ansiedad o desesperación puedan dar un cachete”, aunque recuerda con firmeza que “está mal y penado”.
Este rechazo presente en la ley parte de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, por parte de España, con lo cual ya forma parte del derecho interno nacional. Por lo tanto, tal y como recoge el Artículo 2, los países que ratificaron esta Convención “tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo”, ya provenga de sus padres, tutores o familiares. De la misma forma, el Artículo 19 refleja que los estados tienen que tomar medidas legislativas y administrativas encaminadas a “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental”.
De otra parte, la educación a base de correcciones severas con golpes no solo incide en el estado físico del menor, también lo hace en su nivel psicológico y emocional, como recuerdan desde Save The Children, ya que “provoca baja autoestima y desconfianza”. A la larga estos rasgos pueden desembocar en dificultad para mantener relaciones sociales cuando el menor crezca, por lo que “los padres deben asegurarse de educar de una manera positiva”.
Aunque la ley es bastante tajante, la mentalidad española es muy diferente en cuanto al castigo físico ya que hasta hace unos años estaba interiorizado en muchas familias, por lo que actualmente, como prosigue Rodríguez, “desde el acervo cultural español sorprenden las penas de cárcel” para estos casos.
No obstante, la solución no acaba siendo la condena por parte del juez correspondiente, porque el daño ya está hecho. Todo pasa por la prevención enfocada en campañas dirigidas a los progenitores para que entiendas que dicho tipo de acciones “no solamente van a obstaculizar la educación del menor, sino que van a ser perjudiciales a largo plazo”.
En la misma línea, desde Save The Children indican que “al igual que existe una preparación al parto, debería existir una preparación para la crianza” por medio de cursos, promovidos por las administraciones públicas, y que “deberían ser generalizados y accesibles para todos”. Sin embargo, este es uno de los deberes pendientes del Gobierno ya que todavía no existen programas específicos. La cuestión es. ¿Los padres educan a sus hijos con temor a pasar la línea roja?