Falta de personal y de material, unas instalaciones que "no reúnen las mínimas condiciones" de salubridad y ancianos que padecen úlceras. Estas son algunas de las "negligencias" y las consecuencias del "total abandono" que sufre la residencia de mayores de Salvaterra do Miño (Pontevedra), según la denuncia que ha presentado la asociación Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) ante la Inspección de la Consellería de Política Social.

Y es que este centro se encuentra intervenido por la Xunta desde el pasado 29 de octubre y, de acuerdo con los últimos datos de la Administración autonómica, el geriátrico cuenta con 95 casos de coronavirus --68 usuarios y 27 empleados-- y varios fallecidos.

Estas circunstancias, tal y como avanzaron 'Galiciapress' y el diario 'Nós', han llevado a que Trega trasladase en los últimos días a Política Social un escrito acompañado por varias fotografías que reflejan las deficiencias de la residencia "tanto en instalaciones, equipamiento y material, como en materia laboral".

En la denuncia dirigida a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade --entró por el registro este lunes, 9 de noviembre--, la asociación asegura que las dependencias del centro "no reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento".

En lo que respecta a la atención a usuarios, Trega explica que sus camas "no son clínicas" y que no pueden elevarse, algo "fundamental" para aquellos que padecen patologías respiratorias, como es el caso de la COVID-19, y para administrarles los alimentos, ya que "pueden atragantarse y sufrir una broncoaspiración grave con resultado de muerte". Esto lleva a que los empleados tengan "como única opción colocar una almohada debajo".

Asimismo, los colchones "no son viscoelásticos sino de muelles y están totalmente rotos y sucios", mientras que tampoco hay ayudas técnicas como grúas para mover a los ancianos o elevarlos para cambiarles el pañal.

Aunque a raíz de la intervención por parte de la Xunta el geriátrico sí cuenta con grúas de transferencia procedentes de un centro de Vigo, Trega afirma que su coordinadora "presiona a todo el personal para que movilicen a todos los usuarios manualmente". "Esta práctica puede provocar daños físicos, alto riesgo de caídas y sobrecargas a las trabajadora", alerta el colectivo.

Las habitaciones también tienen "deficiencias" de material y un "nulo mantenimiento". De hecho, ni siquiera tienen palos de gotero para colgar la medicación intravenosa, que tiene que colgarse "de las lámparas".

A esto se suma que los residentes "permanecen cerrados con llave en sus habitaciones", una práctica contraria a la normativa de servicios sociales. "Una residencia no es una cárcel. Aunque se debe cumplir un aislamiento (por la COVID-19), los usuarios deben tener la posibilidad de pedir ayuda si la precisan", asevera la asociación de trabajadores.

En lo referente a las dependencias de la plantilla, Trega relata que "los platos de ducha están rotos y oxidados y su uso implica un riesgo para la salud". "Además, todo el vestuario está revuelto, las taquillas no tienen llave y están permanentemente abiertas, hay ropa colgada fuera de ellas", continúa la asociación en su escrito, en el que recuerda que el centro cuenta con decenas de empleados contagiados de covid-19.

En este sentido, Trega reconoce que la Xunta envió refuerzos para la plantilla tras la intervención, pero explica que se les habilitó el gimnasio como vestuario, un sitio que emplean "como una especial de almacén para todo" y en el que "no hay ni taquillas, ni aseos, ni ducha".

Tampoco hay "las mínimas existencias de material" para que los profesionales realicen su trabajo, por lo que, siempre según Trega, para aseos y cambios de pañal a personas encamadas "solamente disponen de una palangana para cada 30 usuarios".

Así las cosas, en vista de que este geriátrico de Salvaterra cuenta con varias plazas subvencionadas, la asociación ha solicitado la "actuación urgente" de la Consellería para evaluar las condiciones de la residencia y que se adopten "las medidas necesarias para preservar su salud, dignidad e integridad moral y física".

Estos testimonios y su publicación también han generado una reacción por parte de la asociación Defensor del Paciente. Su presidenta, Carmen Flores, ha advertido que la del centro de Salvaterra es una situación "que ningún ser humano merece y que atenta contra los derechos fundamentales".

Por ello, el Defensor del Paciente ya ha instado a la Fiscalía Superior de Galicia a efectuar una "inmediata actuación e intervención", así como "que tenga empatía y sensibilidad" con los mayores.

Por parte de la Consellería de Política Social, que desde finales de octubre se hace cargo del geriátrico, fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que "analizará con detenimiento" todo lo que relata la asociación Traballadores de Residencias de Galicia.

"En caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa, como es natural y como ocurre en todos los casos, se actuará en consecuencia", ha añadido la Administración.

No en vano, Política Social ha defendido que tras la intervención pública del centro "se reforzó de forma sustancial la plantilla de enfermería, de auxiliares de enfermería y la dotación técnica" en la medida que fuese necesario para "reforzar el servicio".