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El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales y su función es defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Bien porque alguien solicite su intervención o porque tenga conocimiento de algún asunto en el que considere que debe intervenir. No rinde cuentas al Gobierno, ni a ninguna institución aunque si presenta un informe anual con su labor.
Actualmente el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero. Es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.
El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos para cinco año de mandato. Trabaja de forma autónoma e independiente del Gobierno y goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Debe auxiliar, gratis, a cualquier ciudadano que se dirija a esta institución para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o de sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio si tiene conocimiento de algún asunto en el que crea que debe investigar.
Aunque el Defensor del Pueblo trabaja de forma autónoma, anualmente da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe. Además, tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales le atribuyeron las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009. Dentro de esta tarea realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad para detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos.
El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, lidere la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, respaldado por una comisión independiente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las víctimas de abusos sexuales en la iglesia “no pueden seguir silenciadas” y que es hora de "reparar su dolor y evitar que vuelva a suceder". España, junto con Italia, es uno de los últimos países europeos en tomar cartas en este asunto.
Algunas víctimas dudan que la opción de encargar al Defensor del Pueblo la investigación de los abusos sexuales en la iglesia sea la mejor opción.