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El indulto parcial a Juana Rivas concedido por el Consejo de Ministros es el último episodio que esta granadina arrastra desde que en 2004 conociera a Francesco Arcuri en Londres y con el que ha tenido dos hijos. El Ejecutivo soluciona así su polémico ingreso en prisión y da cumplimiento a un compromiso fuertemente reivincicado por la ministra de Igualdad, Irene Montero
La decisión se produce dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) se opusiera al indulto. En concreto, ocho de sus magistrados apoyaban la medida de gracia, mientras que otros ocho, entre los que se incluye el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponían.
El abogado de defensor de su expareja, Francesco Arcuri, llegó a calificar esta posibilidad como un "escándalo" por el hecho de que se la considere víctima de violencia de género, cuando no hay ninguna sentencia al respecto.
Nacida en la localidad de Benalúa de las Villas en 1981 aunque tenía su residencia en el vecino pueblo de Maracena. Se dio a conocer a la opinión pública cuando en el verano de 2017 se negó a entregar a sus dos hijos a su exmarido. Aquella acción desencadenó una batalla judicial que terminó en el Tribunal Supremo con una condena de dos años y seis meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad.
Pero ¿cuándo comienzan los problemas entre Juana y Francesco?. La propia Juana Rivas ha contado en multitud de ocasiones que en 2006 tras la estancia londinense se trasladaron a vivir a Granada donde convivieron durante tres años. En 2009 estalla el conflicto en la pareja cuando en el curso de una disputa Juana denuncia a Francesco por distintas en lesiones en una mano. Como consecuencia de su denuncia y del parte de lesiones que presenta ella se emite una denuncia por maltrato contra Arcuri.
En relato que ambos proporcionaron al juez se acusaron mutuamente de agresiones. El parte presentado por él evidencia también hematomas en un muslo y en la cadera , así como erosiones en la pantorrilla y el cuello.
Tras un acuerdo judicial, el juez condena a Arcuri a tres meses de prisión y orden de alejamiento de un año y tres meses.
Arcuri siempre ha mantenido que aceptó el acuerdo para solucionar el enfrentamiento con su pareja aunque se arrepintió de haberlo firmado.
Arcuri no llegó a ingresar en prisión ni a cumplir la orden de alejamiento por esta condena y la pareja retomó su relación en 2010 trasladándose la familia a la localidad italiana de Carloforte, en Cerdeña de donde es originario Francesco y en donde tendrían su segundo hijo.
Pero la situación de Juana en Carloforte se convierte en insostenible. Según ella confesó tras su vuelta a España en mayo de 2016, durante dos años había sufrido una "situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato". Con la escusa de encontrarse enferma y que sus hijos estuvieran con su familia española Juana deja definitivamente a Francesco y abandona San Pietro.
Comienza aquí el calvario judicial y de denuncias de la pareja que ha concluido por el momento con la orden de detención y entrada en prisión acordada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada.
En julio de 2016, una vez en España, asesorada por responsables del Centro de la Mujer de Maracena, Juana Rivas denuncia ante la Guardia Civil a su marido por presuntos maltratos físicos y psicológicos. El juez que ve el caso desestima la denuncia en julio de 2018 y apunta a que Rivas pretendía obtener una Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España.
En diciembre de 2016 Juana vuelve a denunciar a su marido pero en este caso incluye en la demanda a su hijo como víctima de las agresiones. La denuncia choca contra una orden judicial el 14 de diciembre de 2016 en la que se le ordena la "inmediata restitución» de los niños con su padre de vuelta a Italia" ya que un tribunal italiano concedía a Francesco la guardia y custodia de los menores en julio de 2017.
Desde finales de 2016 y principios de 2017 Juana Rivas y el grupo de asesores que la apoyan en su lucha inician una campaña mediática para evitar que sus hijos fuesen devueltos a Italia.
En julio de 2017, tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada en la que desestima sus demandas y la obliga a entregar a los niños a sus padres, Juana desaparece junto a sus hijos.
Durante un mes madre e hijos permanecen ocultos al tiempo que la sociedad española vive un periodo de manifestaciones en apoyo de Juana Rivas. Un lapso de tiempo que termina cuando en agosto de 2017 Juana entrega a sus hijos a Francesco quien se los lleva definitivamente a vivir con él a Carloforte.
Pero, ¿qué ha pasado para que la situación de Juana Rivas haya evolucionado hasta la ingreso en presión? Denuncias archivas, sentencias contrarias a sus reclamaciones y dictámenes de peritos psicológicos acabaron dibujando un perfil complejo y desfavorable para esta granadina que no ha dudado nunca en mantener viva la lucha para que sus hijos estuviesen con ella.
El 27 de julio de 2018, Juana Rivas es condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. El juez habría estimado que Rivas cometió dos delitos de sustracción de menores, no encontrando atenuante en las denuncias por maltrato al no haber obtenido veracidad de ninguna de ellas.
Posteriormente, el Tribunal Supremo cambiaría esta sentencia reduciendo la pena de prisión a solo dos años y medio al entender que no se debían sumar las penas por cada hijo sino que ambos formaban una unidad familiar. Y en esas llegó la petición de ingreso en prisión inmediata y la tramitación del indulto. ¿Llegará este a tiempo o veremos a Juana Rivas entrar en prisión?