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El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial de Juana Rivas. La pena de dos años y medio para la madre granadina por sustracción de sus dos hijos queda reducida a la mitad. El indulto queda condicionado “a que no cometa un delito contra los derechos y deberes familiares en el plazo de cuatro años desde la publicación del decreto del indulto”. El Ejecutivo también ha acordado eliminar la prohibición de cuatro años para el ejercicio de la patria potestad y conmutarlo por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Rivas cumple su condena en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada después de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que concedió en un primer momento. Los hechos por los que fue condenada tuvieron lugar en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.
Su abogado ya ha reaccionado ante el indulto parcial del Consejo de Ministros para señalar que pedirán la suspensión total de la condena y que lucharán por la custodia de los niños tras volver a tener la patria potestad.
La condena inicial por dos delitos de sustracción de menores fue rebajada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de prisión por un solo delito, además de la pérdida de la patria potestad.
La Fiscalía, por su parte, había apoyado la concesión de un indulto parcial, rebajando la pena de prisión en seis meses, hasta los dos años, y dejando la inhabilitación para ejercer la patria potestad en cuatro años, en vez de en seis.
El Gobierno ha decidido finalmente ir más allá, rebajar a la mitad la pena de cárcel y conmutar la inhabilitación para ejercer la patria potestad, lo que la acerca a sus hijos.
El pasado 4 de noviembre, el pleno de la Sala de lo Penal se opuso de forma unánime a concederle la medida de gracia total, lo que implicaría eximirla de toda la pena, pero no alcanzaron un acuerdo mayoritario sobre el indulto parcial, la opción que apoyó la Fiscalía. Ocho magistrados se mostraron a favor de esta posibilidad y otros ocho, en contra. El informe del tribunal era preceptivo, pero no vinculante.
La decisión se toma ahora para “atender al principio de equidad y al interés mayor supremo de los menores”, es decir, que los dos niños vuelvan a estar con su madre. El argumento jurídico en el que se ha basado el Gobierno para aprobar este indulto parcial son las “las razones de justicia y equidad”, en la que toman en cuenta según las fuentes citadas “el interés superior de los menores y las circunstancias vitales de todos los afectados”. El abogado de la pareja de Juana Rivas ya dijo que consideraba un insulto la posibilidad de un indulto.
Cierto es que algunos juristas también consideraron que que si esta medida de gracia se administraba "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".
El Gobierno ha decidido finalmente ir más allá, rebajar a la mitad la pena de cárcel y conmutar la inhabilitación para ejercer la patria potestad, lo que la acerca a sus hijos.
Juana Rivas fue condenada por un delito de sustracción de sus dos hijos menores a dos años y seis meses de prisión, después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) descartado por unanimidad apoyar la concesión del indulto total a Juana Rivas y tampoco se decantase por un indulto parcial al registrar un empate con ocho magistrados a favor y otros ocho en contra.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que tiene un contencioso con el padre de Juana Rivas, defendía la pasada semana que el Gobierno estaba dando "pasos decisivos" para garantizar que las mujeres y madres como Juana Rivas "no sean perseguidas ni criminalizadas por proteger a sus hijos".