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El confinamiento ha sido duro, pero ha desvelado dos realidades ante las que la sociedad miraba para otro lado. El primero, la situación en las residencias. Nos hemos dado cuenta de la situación de desamparo de muchas residencias y de nuestros ancianos.El final de muchos de ellos ante el coronavirus ha sido inhumano. Y también de la soledad. En este sentido, una de cada diez personas, el 10,2 % de la población, vive en hogares solitarios, lo que se traduce en que casi 5 millones de individuos han tenido que soportar seguramente un confinamiento doblemente duro debido a su aislamiento. Es uno de los datos del "Informe sobre Evolución de la Familia en España 2020" que el Instituto de Política Familiar (IPF) publicará próximamente pero sobre el que este jueves ha publicado un adelanto.
De los 4.793.700 habitantes de hogares solitarios, dos millones tienen más de 65 años y han podido sufrir de forma especial "un grave quebranto psicológico y emocional en la mayoría de los casos", según el IPF, que ha relacionado los datos de personas que viven solas con la situación vivida por la crisis de la COVID-19.En los mayores se pueden agravar las dificultades del aislamiento, que se unen a los problemas de abastecimiento y dificultades de asistencia.
El vicepresidente y portavoz del Instituto, Mariano Martínez-Aedo, ha afirmado que la crisis de la pandemia ha afectado especialmente a las personas de hogares solitarios. "Las medidas de confinamiento no han tenido en cuenta sus circunstancias, olvidando o menospreciando el tremendo impacto emocional y psíquico que supone un aislamiento casi total para personas que ya viven solas", ha lamentado.
"No se trata de olvidar los peligros de la pandemia, pero si, por ejemplo, se consideraba fundamental que las mascotas (y sus dueños) tuvieran derecho a salir a la calle, también se debería haber abierto alternativas para que estas personas pudieran salir a la calle o tener algún contacto que aliviara el impacto del aislamiento", ha argumentado Martínez-Aedo ha comentado que si volviera a haber medidas de confinamiento, "debería tenerse en cuenta esta problemática".
El informe también especifica la comunidad con más hogares solitarios es Cataluña, con 786.500 (16,4 % del total), seguida por Andalucía (767.000) y Madrid (672.200). Mientras que La Rioja (37.100) y Navarra (69.100) son las que menos tienen. Sin embargo en porcentaje de hogares solitarios, Asturias (30,5 %), Castilla y León (29,6 %) y La Rioja (28,6 %) son las que tienen mayores datos. En mejor situación están Murcia (21,1 %), Andalucía (23,7 %) y Baleares (23,7 %).
Respecto a las personas con más de 65 años que viven solas, están en peor situación las comunidades de Navarra, La Rioja y Extremadura, afectando a una cuarta parte de los mayores. Dos tercios corresponde a viudos (66,6 %), aunque también hay solteros (16,3 %) y separados o divorciados (13,0 %). Según el IPF, una de cada cuatro personas mayores de 65 años (un 22 %) viven solos: 1.452.300 mujeres y 556.800 hombres. Y respecto a los hogares solitarios de personas menores de 65 años, el informe detalle que en España hay 2.784.500 personas en esta situación, con lo que el confinamiento les ha limitado la vida social. La mayoría son solteros (67 %).
El IPF ha recordado que los hogares solitarios han tenido un crecimiento constante con un incremento medio de 65.000 hogares anuales. Esto ha supuesto que en 2019 haya 389.000 hogares solitarios más que en 2013 (un 8,7 % más). El crecimiento ha sido mayor en los hogares de mayores, que subieron un 11,3 %, especialmente en los de hombres solos (12,3 %). En cuanto a la nacionalidad, este fenómeno es más grave en españoles: 4.448.600 frente a los 345.000 hogares solitarios de extranjeros.
Y en cuanto al drama en las residencia durante esta pandemia, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas más de 200 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias de mayores y de discapacitados durante la pandemia de covid-19, siendo la Comunidad de Madrid la que más acumula con la mitad del total de las diligencias (107) y hasta seis procedimientos ya en los juzgados. En cuanto a las diligencias civiles, la cifra total asciende a 193 actuaciones abiertas. Por territorios, tras Madrid --que es la que más investigaciones penales abiertas mantiene--, le siguen Cataluña con una treintena y cinco causas en los juzgados, Castilla-La Mancha con 22, y Castilla y León con una veintena y hasta cinco procedimientos judiciales abiertos. Tras ellas está Galicia, que acumula un total de 12 expedientes abiertos en su Fiscalía por las residencias.
En el todo el territorio hay 30 órganos judiciales que ya tramitan causas por posible responsabilidad penal en estos centros de mayores, tres menos que la semana pasada porque se han sobreseído algunos asuntos. Las que más acumulan en este ámbito son Madrid (6), Aragón (6), Cataluña (5), Castilla y León (5), Murcia (3) y Extremadura (2).
La FGE señala en un comunicado que esta semana se ha decretado el archivo de hasta 17 expedientes de diligencias de investigación penal, y concreta que ha sido en las fiscalías de Lugo (1), Toledo (1), Cáceres (2), Barcelona (11), Granollers (1), Castilla y León (1). Pero matiza que la de Lugo y una de Madrid han sido archivadas por haberse acordado su judicialización. Asimismo, informan de que se han incoado cuatro nuevas diligencias de investigación penal esta semana (hasta el 29 de junio): Dos en la Fiscalía Provincial de Madrid, una en Badajoz y una en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares.
Por el contrario, frente a las cifras de Madrid, comunidades como Cantabria, País Vasco o Murcia no tienen asuntos de trascendencia penal relacionados con las residencias, y otras como Asturias, Canarias, Baleares, Navarra o Valencia apenas tienen una o dos.
En cuanto a las diligencias civiles, la cifra total de actuaciones abiertas son 193 en las fiscalías territoriales, desde donde se hace el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores. La diferencia con las últimas semanas es de tan sólo una diligencia, cuando se contabilizaron 194. No obstante, en el último recuento del Ministerio Publico se ha registrado tres nuevas diligencias incoadas en las fiscalías de Valencia, Ourense y Castilla y León, mientras que han sido archivadas cuatro actuaciones de esta misma naturaleza (dos en Cataluña, una en Aragón y otra en Castilla y León).
Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde permanecen abiertos más procedimientos civiles, con decenas de diligencias. Le siguen Castilla y León, con una veintena de actuaciones vivas; y Castilla y León y Comunidad Valenciana, con una decena.