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La gran preocupación de muchos padres en estos momentos es la vuelta al colegio de sus hijos con la pandemia del coronavirus aún sin controlar, sobre todo en los más pequeños donde las recomendaciones seguridad será imposible de mantener.
Varias comunidades autónomas se han mostrado reticentes ante la posibilidad de abrir los centros educativos para niños de 0-6 años a partir del 25 de mayo, como se contempla en la fase 2 de la desescalada, y algunas como la madrileña han pedido al Gobierno informes sanitarios que lo avalen.
Tras reunirse en Conferencia Sectorial con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para tratar el final de este curso escolar y el comienzo del otro, algunos consejeros autonómicos del ramo han expresado su negativa a que los niños vuelvan a las aulas argumentando motivos de prevención e higiene.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido conocer los informes que respalden esa reapertura de los centros infantiles y ha asegurado que todos los miembros de la comunidad educativa con los que han hablado "insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años".
El consejero de Educación de Baleares, Martí March, ha afirmado que se reunirá con sindicatos, familias y equipos directivos para negociar la posición para la desescalada, pero que parten de la negativa a volver a las aulas para los alumnos de 0 a 6 y de educación especial.
La consejera de Cantabria, Marina Lombó, ha descartado la vuelta a los centros educativos de los alumnos de Infantil y de Educación Especial y solo lo harán los alumnos de segundo de Bachillerato, los que opten a un título de Formación Profesional y los de enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores volverán de forma voluntaria a las aulas a partir del 8 de junio.
El País Vasco ha anunciado, precisamente este jueves, que retrasa al 25 de mayo, y no al día 18 como dijo en un principio, la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de esos cursos para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe.
Castilla y León, por su parte, aplicará la desescalada escolar de acuerdo con las pautas que fije el Gobierno a través de las disposiciones consensuadas con las comunidades y una vez estudiado todo ello.
Según ha señalado el Ministerio de Educación en una nota, durante la reunión de este jueves sí "ha habido un respaldo mayoritario" a la decisión de dar prioridad a los alumnos de finales de etapa (cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional media y superior y último curso de enseñanzas de Régimen Especial) en la fase 2.
Esta vuelta "se hará respetando las normas de seguridad dictadas por Sanidad, la presencia del alumnado será voluntaria, aunque las actividades se tendrán que planificar para evitar aglomeraciones innecesarias", ha insistido el Ministerio.
Se ha recordado que cada comunidad autónoma es responsable de desarrollar las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en "las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente".
Educación y las comunidades han acordado que un grupo de trabajo concrete, antes del verano, los planes para llevar a cabo el comienzo del próximo curso, que podría hacerse sin clases presenciales si hay algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo a confinamiento.
Celaá señaló hace unos días que el próximo curso, si no hay vacuna antes, tendrá que haber un máximo de 15 alumnos por clase y se combinará las clases presenciales con las "online".
En todos los tres supuestos planteados será necesario "adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a las competencias fundamentales".
También para "recuperar los déficits ocasionados por la importante alteración que provocó la brusca suspensión de la actividad educativa presencial en marzo".
Si la evolución de la pandemia continúa obligando a mantener la distancia interpersonal y no es posible que se concentre en una misma aula todo el alumnado de un mismo grupo y etapa, sería necesario optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con a distancia o adecuar los horarios.
Y se tendría que dotar a los centros de equipamiento higiénico-sanitario, establecer medidas de higiene o protocolos de movilidad para el acceso y salida y para el interior del centro.
Asimismo, se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza a distancia.
Celaá ha anunciado que se está trabajando con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para diseñar un programa de cooperación territorial que permita incrementar los recursos para avanzar en la digitalización.