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Hace seis años Eva y Jose decidieron dejar atrás definitivamente la ciudad. Esta pareja se trasladó de Alcorcón, en Madrid, a La Torre de Esteban Hambrán, un municipio rural al noroeste de la provincia de Toledo. Pero hace un año su tranquilidad se vio interrumpida: su casa y terrenos se incluyeron en un proyecto para construir un 'macrohuerto' fotovoltaico. Sin su permiso. "La empresa promotora llegó a incluir nuestra parcela en sus folletos publicitarios", cuentan a NIUS.
Este no es el único proyecto en marcha, sino varios que afectan a toda la comarca de Torrijos. Los promotores son un enjambre de pequeñas empresas, pero con grandes multinacionales detrás. La sevillana Prodiel, la madrileña Solaria y la alemana Viridi. Solo en Méntrida, otro de los municipios afectados, las placas cubrirían unas 2.400 hectáreas de terreno, casi el 25% de la superficie del pueblo. Este mapa muestra la ubicación de las diferentes plantas en la zona.
"A los paneles se suman las vías de evacuación hasta la subestación eléctrica a la que tienen el derecho de conexión. Que en este caso son 65 kilómetros hasta Leganés", añade Juan Portillo, portavoz de Salvemos los Campos. Los residentes locales opuestos a estas plantas solares se han unido a través de esta asociación para frenar la expansión fotovoltaica.
A los afectados también les preocupa y enfada el espíritu especulativo que se desprende de los proyectos. La semana pasada, en mitad del periodo de alegaciones, Viridi vendió sus futuras plantas a Reden Solar, una plataforma de renovables de un fondo francés. Este, a su vez, busca comprador. "Camelan a vecinos y ayuntamientos con que van a crear futuro y riqueza en el pueblo. Pero luego venden las plantas al mejor postor", declaran desde la asociación.
Se trata de licencias de entre 30 y 40 años. En muchos planes, además, no se desgrana quién se encargará del desmantelamiento. Tras ello, la tierra es habitualmente irrecuperable para su uso agrícola o supondría perder una inversión muy elevada para los propietarios actuales. Es el caso de Jesús, un viticultor que junto con su hermano posee 20 de las hectáreas afectadas en La Torre. "Tenemos viña en espaldera y riego por goteo. Y el dinero que ofrecen las empresas es casi el mismo por el que compramos la tierra en su día", señala.
Las parcelas de viñedo afectadas en la zona suponen hasta el 10% de la uva que entra cada año en la cooperativa local y afectaría directamente a la denominación de origen Méntrida, una de las más antiguas de España. La asociación también afea a los responsables de la DO que no han emitido "siquiera un mísero comunicado de apoyo".
¿Y cómo empieza esto? Explicamos el caso en La Torre, aunque el 'modus operandi' ha sido similar en los pueblos colindantes. En otoño de 2020 la promotora Prodiel aparece, puerta por puerta, tratando de convencer a los vecinos de vender o arrendar sus tiendas para las plantas Ebisu I y II.
Una vez lograron cierta aceptación acudieron al Ayuntamiento, que emitió unos informes de conformidad urbanística. El consistorio también cedió una oficina dentro del edificio para facilitar la firma de contratos con posibles arrendatarios.
“Muchos vecinos se enteraron por el boca a boca. Por suerte, relativamente pronto, no como ha pasado en otros pueblos de España”, explica Portillo. Y ahí fue cuando varios supieron que sus parcelas se habían incluido sin su consentimiento. Jesús se enteró por Eva y Jose, con los que tiene una parcela colindante. "Mis padres compraron algunas de las tierras. Otras las hemos ido comprando, ahorrando, privándonos de cosas. Y ahora llega esto", cuenta el viticultor.
Desde su conocimiento a comienzos de 2021, los afectados han intentado que Prodiel las elimine del plan. "Nos dijeron que no nos preocupáramos, que sacarían nuestra parcela", relata la pareja madrileña. La empresa les ofreció firmar un documento accediendo a esa demanda. Pero, con la condición de renunciar expresamente a algunos de sus derechos si el procedimiento seguía adelante, como presentar alegaciones o colaborar con el proceso.
“Tenemos gente en la asociación que ha firmado. Y después se han dado cuenta de que las clausulas era abusivas. Ellos han explicado lo mínimo posible, pero luego los contratos son irrevocables”, denuncia Juan Portillo.
En estos momentos los proyectos se encuentran en fase de ‘autorización administrativa previa’. Las iniciativas de más de 50 megavatios las revisa el Ministerio de Transición Ecológica. Las de menos, la Junta de Castilla La-Mancha. Algunas ya han salido a información pública, en el BOE.
Es lo que ocurrió con las plantas de Prodiel. La indignación de Eva y Jose se acrecentó cuando vieron que sus terrenos seguían incluidos en los planes, a pesar de las promesas reiteradas de la empresa. "En nuestro caso además estamos en una esquina. Solo tienen que mover la valla unos metros", matizan. Ante la cantidad de situaciones similares, Salvemos los Campos ha presentado alegaciones, denunciando que “el diseño no cuenta para nada con la población” y tampoco se ha informado bien a los afectados.
"Estamos esperando a ver cuál es la resolución en abril", dice la pareja. Los vecinos también se han manifestado en Méntrida, e incluso en Madrid junto a otras comunidades con problemas similares. También han realizado diferentes campañas de firmas para pedir moratorias para los diferentes proyectos. La última es para el proyecto de Viridi y finaliza el día 24.
El gran miedo está en que estos proyectos obtengan el visto bueno de las administraciones. "Una vez conseguidas las autorizaciones pertinentes, los promotores pueden pedir la declaración de utilidad pública del proyecto. Eso entre otras cosas les permite recurrir a la ley de expropiación forzosa", explica Portillo.
Además de la opacidad del proceso, desde Salvemos los Campos recalcan el grave impacto medioambiental que tiene el proyecto. Incluso hay una carta de 23 científicos del CSIC contraria a la rápida expansión de este tipo de iniciativas de renovables en España.
En la zona de Torrijos no hay ordenanzas municipales que prohíban la instalación de placas solares. "Pero sí hay normas subsidiarias que protegen el paisaje, que la superficie rústica es preferente para uso agrícola, que hay que respetar los caminos o los arroyos…", detalla Portillo.
En la comarca hay cientos de encinas centenarias y también es hábitat de especies de aves protegidas como el buitre negro, el milano real, el sisón común o el águila imperial. Para instalar los paneles es necesario retirar la cubierta vegetal, lo que afecta a la fauna y flora del lugar.
Otro punto controvertido es la limpieza de los paneles porque supone un mayor estrés hídrico en la cuenca. Jesús cree que es uno de los motivos por los que su parcela interesa: tiene un pozo. "Cada vez está más complicado pedir una autorización para hacer un sondeo a la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque el Alberche, que es el afluente que pasa por aquí, tiene un cauce deficitario", detalla.
Los afectados reiteran que no están en contra de proyectos de renovables, sino de la dimensión de estos. De hecho algunos como Eva y Jose tienen una iniciativa de agricultura ecológica en marcha en sus tres hectáreas y utilizan paneles solares para autoconsumo. "Lo que nos duele es que califiquen estos proyectos de 'verdes', cuando van a destruir todo", dicen indignados.
"Se pueden hacer comunidades energéticas locales, que suministren a los vecinos", coincide Portillo. "Pero estos son 'macrohuertos, que además abastecerán a la Comunidad de Madrid, no a la zona", recalca. Se trata de un problema endémico en la provincia de Toledo: en total, hay unos 70 planes de estas características en marcha. "Se está reproduciendo el modelo energético actual con otra tecnología", añade el portavoz de la asociación.
Presentadas las alegaciones pertinentes, a la comarca solo le queda esperar a la primavera. Eso sí, avisan. "Si volvemos a salir en el BOE, vamos a ir a por todas. Vamos a agotar todos los recursos jurídicos. Iremos a Europa o dónde haga falta", recalcan con contundencia Eva y Jose.