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El último caso conocido por la prensa fue el de una mujer que estuvo 31 años cobrando la pensión de un fallecido, este es uno de los muchos fraudes de este tipo que se dan a la Seguridad Social, pero les puede salir muy caro.
La mujer se sentará en el banquillo para responder por este delito que estuvo cometiendo durante más de tres décadas, tiempo durante el que se embolsó 171.000 euros y que ahora tendrá que destinar a defenderse de un delito que le puede salir caro y que podría pagar con hasta seis años de cárcel.
No solo ella tendrá que rendir cuentas, porque en los últimos tres años la Policía Nacional ha detenido o investigado a 76 personas por cobrar esa prestación de personas que ya habían fallecido. El monto total de lo defraudado asciende a 14 millones de euros.
Aprovechar que se es cotitular de la cuenta del que fuera pensionista; falsificar la firma del finado; apropiarse en el buzón de la tarjeta de crédito que el banco, ignorante del fallecimiento, ha enviado al muerto; contratar a una actriz para que finja ser la beneficiaria; valerse de la condición de empleado de la sucursal a la que el anciano acudía cada mes... Todo vale para perpetrar la estafa.
No hay redes organizadas dedicadas a esta actividad ilícita. De hecho, el 90 por ciento de los investigados por este tipo de fraude son personas muy cercanas al fallecido.
La Policía Nacional ha dado cuenta hoy de su última operación, desarrollada en 21 provincias españolas. De norte a sur y de este a oeste, los agentes han tenido que realizar una ardua labor para localizar a los que recibieron 12.586 abonos indebidos. El fraude destapado en esta ocasión alcanza los 6 millones de euros.
Un trabajo de los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y cuyos responsables han explicado a Efe algunos detalles de estas operaciones.
Y lo primero que aseguran es que este tipo de delitos está cayendo, ya que, aunque las cifras pueden parecer escandalosas, lo cierto es que se trata de casos antiguos que se están detectando ahora gracias a las nuevas tecnologías, la conexión entre los registros y, en suma, las ventajas de la informática.
Gracias a estos avances, dicen los agentes, a la Tesorería de la Seguridad Social le "saltan" cada vez antes los casos evidentes de cobro de pensiones de personas ya fallecidas.
Cuando es así, la Tesorería facilita la información que ha podido recabar a la Sección de Investigación de la Policía Nacional para que prosiga con las pesquisas y dé con el "beneficiario" o, más bien, con el "aprovechado".
Que puede aprovecharse porque, por regla general y de forma intencionada, no se ha informado a la entidad bancaria del óbito, a pesar de que es obligatorio, ni se ha comunicado el fallecimiento en el Registro Civil.
Lo primero que se hace en estos casos es "cortar" el ingreso de la prisión en la cuenta bancaria de las entidades correspondientes, que, por cierto, están obligadas cada año a solicitar una fe de vida de los pensionistas.
En ocasiones no lo hacen y en otras, son "engañadas", porque los familiares o allegados les presentan documentos falsificados para acreditar que el beneficiario de la pensión aún vive.
De todos modos, en el caso de que se hayan efectuado los ingresos y descubierto el fraude, el banco tendrá que revertir a la Tesorería el importe correspondiente a cuatro años.
Y para el autor del fraude, o sea, para el que se ha embolsado el dinero, el castigo le puede suponer hasta seis años entre rejas. Si el importe defraudado es inferior a 50.000 euros, la pena oscila entre 6 meses de cárcel y 3 años. Si supera esa cifra, puede ser condenado a entre 2 y 6 años de prisión.
La Seguridad Social está llevando a cabo un control exhaustivo del cobro de las pensiones y realiza campañas de inspección de beneficiarios con más de 100 años o con edades muy avanzadas.
Mientras, la Sección de Investigación de la Policía Nacional ya ha explotado tres operaciones, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, con resultados muy satisfactorios.
Las dos primeras han llevado el nombre de Libitina I y II, en honor a la diosa del inframundo, los muertos y el entierro, de la mitología romana.
En la primera de ella los resultados fueron estos: 19 detenidos o investigados por un fraude de 2 millones de euros detectado en 11 provincias. El caso más destacado fue el de una señora, cuyo juicio se celebrará en Madrid el 20 de febrero, que estafó 171.000 euros durante 31 años.
Por su parte, la segunda Libitina arrojó estos datos: 46 detenidos o investigados, fraude de casi 5,9 millones de euros y 23 provincias afectadas. Ni más ni menos que 35 años estuvo cobrando la pensión de un fallecido uno de los arrestados.
Quizá alguna de todas estas personas investigadas se haya acercado alguna vez a la tumba de su "víctima" para depositar un ramo de nomeolvides. La Policía ha bautizado la operación correspondiente a 2019 con el nombre científico de esa flor, Myosotis, para que los "cazados" por los agentes no se olviden de lo que hicieron.