Hasta 20 años de engaños mediante la caracterización y artificios para poder cobrar la pensión de una persona ya fallecida, es tan solo un ejemplo de los numerosos fraudes que destapó la policía el pasado noviembre, y que como el reciente caso del hombre que mantenía en cadáver de su madre en una vivienda de Carabanchel, estos sucesos son más comunes de lo que creemos.
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó en abril de 2018 a un matrimonio, acusado de fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental, a tres años y nueve meses de prisión por cobrar durante más de 20 años la pensión de un familiar fallecido.
Durante más de dos décadas cobraron indebidamente 68.000 euros correspondientes a las ayudas por discapacidad del padre desaparecido.
Para ello, el condenado cubría toda la documentación requerida haciéndose pasar por su suegro, aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador. Mientras que su mujer, hija de los fallecidos, llegó a estampar "de su puño y letra una firma que simulaba ser la de su padre fallecido", recoge el Ministerio Público.
Un hombre convivió en Cataluña durante cinco meses con el cadáver de su hermano Antonio. Un vecino del bloque en el que vivían se olía algo raro y decidió avisar a los Mossos, cuando la Policía entró, se encontró a Antonio muerto en su cama, estaba momificado y envuelto en sábanas. Para Eduardo, el hombre detenido, todo tenía una explicación: estaba cobrando la pensión de su hermano. Eduardo percibía 300 euros y su hermano 1.000. Así que no comunicó su muerte y supuestamente se habría llegado a embolsar 5.000 euros. Ahora, se le investiga por un presunto delito de estafa y otro de omisión al deber de socorro.
La Policía Nacional destapó el fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas, deteniendo a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo.
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.
Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono --pese a que hacían uso de ese dinero, según la Policía--, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.
Se ha llegado a detectar que en algunos casos, para no ser descubiertos en su entorno más cercano, los defraudadores engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.