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Un jurado popular determinará la culpabilidad o no de Ana Julia, la presunta asesina del pequeño Gabriel. Serán siete mujeres y dos hombres los que lo compongan. Ella, que sigue defendiendo que le ahogó por accidente, se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable. Un total de 17 testigos, 22 peritos-testigo y 25 peritos participarán en el juicio contra Ana Julia Quezada que comienza hoy y que tendrá ocho sesiones programadas para la vista oral. Un total de 42 policías velarán por la seguridad del juicio y casi 40 medios están acreditados. Ser jurado popular es un derecho y un deber constitucional, ejercitable por los ciudadanos en los que no concurra causa que se lo impida. La declaración de los padres y familiares de Gabriel serán a puerta cerrada previsiblemente el día 10. El lunes que viene también hablarán los forenses a puerta cerrada.
Los requisitos para ser jurado son ser español, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, vivir en la provincia en que el delito se cometió y no estar impedido, psíquica o sensorialmente. No pueden se jurado los condenados por delito doloso no rehabilitados, los acusados en procesos donde se haya acordado la apertura de juicio oral y quienes estuviesen detenidos, en prisión provisional o cumpliendo pena ni los suspendidos penalmente en su empleo o cargo público, mientras dure la suspensión.
Los jurados populares no pueden juzgar todo tipo de delitos, solo participando en juicios en los que se juzga casos de asesinato u homicidio, cohecho, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de presos.
Tras el juicio, el jurado popular no declara la inocencia del acusado, sino que sólo pueden decir si es ‘culpable’ o ‘no culpable’. Tampoco está entre sus facultades el imponer la sentencia (tiempo de cárcel o multa económica) ya que eso es competencia del juez y es éste quien lo decide.
El artículo 125 de la Constitución Española de 1978 configura el Tribunal del Jurado como una institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. En cumplimiento del precepto constitucional, la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, desarrolla dicha institución, definiendo en su artículo 6 la función de jurado como un derecho ejercitable por aquellos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño como un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a dicha Ley. A su vez, en el artículo 7 se dispone que el desempeño de la función del jurado será retribuido e indemnizado en la forma y cuantía que reglamentariamente se determine, y tendrá, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de un deber inexcusable de carácter público y personal.
La retribución diaria de los jurados es de 67 euros. Los candidatos no seleccionados como jurado cobrarán 33,50 euros. Si ser jurado implica gastos de viaje con utilización de vehículo particular. Por el uso de motocicletas serán 0,078 € por kilómetro. Por el uso de automóvil: 0,19 € por kilómetro. En cuanto a los gastos de alojamiento, incluido desayuno: 65,97 euros mientas que los gastos de manutención incluyen comida: 18,70 euros y cena, 18,70 euros.
La acusada se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía. Solicita esta también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda de Gabriel y además, en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.
La Fiscalía también solicita que Quezada, compañera sentimental del padre de Gabriel cuando el niño, de ocho años, fue asesinado, en febrero del año pasado, no pueda comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de los padres durante 30 años.
El escrito de calificación fiscal señala que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición del niño, el 27 de febrero del año pasado, por "asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima".
9 de septiembre. El juicio arrancará este día con la declaración íntegra de Ana Julia sobre lo sucedido.
10 de septiembre. Los progenitores del 'pescaíto' declararán por turnos: primero lo hará la madre, Patricia Ramírez, y después el padre, Ángel Cruz. También testificará la expareja de la acusada, a quien incriminó al depositar una camiseta de Gabriel en una zona peinada con anterioridad y muy cercana a la vivienda de su excompañero sentimental. Además, la abuela paterna de Gabriel declarará ese mismo día, ya que fue la última en ver con vida al menos alrededor de las 15.30 horas del 27 de febrero de 2018.
La jornada la cerrará la hija de Ana Julia, con quien su madre y asesina confesa habló antes del hallazgo del cuerpo sin vida del niño, el 11 de marzo, en el maletero del coche de la acusada. Y es que desenterró previamente el cadáver ubicado en la finca familiar de Rodalquilar.
11 de septiembre. Comparecerán dos civiles, cinco guardias civiles y un agente de policía en calidad de testigos.
12 de septiembre. Continúan las declaraciones con la intervención de varios miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, del grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UCO (Unidad Central Operativa), de Criminalística y del Servicio Cinológico.
14 de septiembre. Testifican un total de 15 agentes de Guardia Civil, quienes fueron los encargados de coordinar la operación de búsqueda con Protección Civil, Servicio Unificado de Emergencias 112 y Policía Local.
16 de septiembre. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, entre 15 toxicólogos y forenses, expondrá junto a dos compañeros el informe de la autopsia, que reveló que el 'pescaíto' murió por asfixia. De la misma manera prestarán declaración los médicos que han seguido a los padres del menor durante los últimos meses, a causa de un trastorno de estrés postraumático.
17 de septiembre. Llegará el turno de las pruebas documentales, así como vídeos y audios pertenecientes a la investigación.
18 de septiembre. Último día de juicio en el que el jurado tiene previsto emitir el veredicto.