En 2020, 88 269 mujeres de entre 15 y 44 años de edad abortaron en España, pero no todas lo hicieron en las mismas condiciones. Una gran mayoría, casi un 85 por ciento, acudieron a centros privados, una cifra que también dista entre las que decidieron interrumpir su embarazo en las diferentes regiones de nuestro país. La nueva ley del aborto pretende acabar con la distancia y garantizar que la Sanidad pública sea la "red de referencia".

Así lo ha avanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre esta nueva ley, en la que ha desgranado algunas de las medidas con las que pretende que las mujeres "puedan vivir mejor" y "desarrollar sus proyectos de vida con garantía de derechos" al "decidir sobre su propio cuerpo", lo que considera "la puerta de entrada" a otros derechos, como al trabajo y a la participación política.

Entre otras cosas, la ley acaba con el consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad que quieran abortar. Con esto, se recupera y se amplía la medida aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Zapatero, que obligaba a informar al menos a uno de los progenitores o tutores salvo en caso de peligro para la menor por riesgo de violencia o desamparo. Montero se ha detenido para agradecer la labor que en 2010 realizó su homóloga Bibiana Aído, a la que ha reconocido su "valentía" e "inteligencia" para conseguir un consenso en esta materia.

Cabe recordar que desde 2015, las menores de edad tenían que presentar el permiso de sus padres para poder abortar ya que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó estas excepciones de la ley de 2010.

En este sentido, es destacable el hecho de que las menores de entre 15 y 19 años son el segundo grupo de edad que menos aborta (8 407, en cifras absolutas), solo superado por las mujeres mayores de 40, según números de 2020, los últimos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad. En este periodo, casi la mitad fueron jóvenes de entre 20 y 29 (un total de 37 567) y solo 257 tenían menos de 15 años.

En el caso de las mujeres con discapacidad, Montero ha confiado en que la gran mayoría de ellas contarán con sus padres y madres, familiares o amigas al dar este paso, pero ha insistido en que en última instancia la decisión será suya y así lo garantizará el estado.

Por otro lado, la ley contempla que todos los hospitales cuenten con personal para practicar abortos, de forma que la Sanidad pública sea "la red de referencia". Asimismo, garantiza la objeción de conciencia para que siempre haya personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la Sanidad pública y privada.

De esta manera, el ministerio dirigido por Montero quiere acabar con la brecha entre las intervenciones en centros públicos y privados, ya que en 2020 solo un 15,5 por ciento tuvieron lugar en la Sanidad pública, una cifra que distaba aún más en 2011, cuando el 96,6 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo en centros privados.

Además, la norma permite interrumpir el embarazo en el hospital más cercano al domicilio, con lo que las mujeres que deseen abortar no tienen que desplazarse, incluso, a otras regiones del país, ya que reseñable que hay comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde los hospitales públicos no registraron ningún aborto en 2020; mientras que otras como Cataluña lideraron el ranking de intervenciones con 61.

Con todo, las cifras reflejan que aunque la media de interrupciones voluntarias del embarazo en España ha sido de algo más de 100 000 en los últimos diez años, la tendencia ha sido descendente desde 2011, cuando ya estaba en vigor la ley de plazos que sustituyó a la de supuestos de 1985 y cuando se marcó el máximo con 118 611 abortos.

Además, aunque la ley permite desde 2010 interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14, más del 70 por ciento de las mujeres lo hacen en las ocho primeras semanas y poco más de un 5 por ciento abortan más allá de la 15, cuando se deben alegar motivos concretos.