La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño vuelven a estar enfrentadas, esta vez por lo regla. La primera considera que lo que "estigmatiza" a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes".

De esta forma, Díaz ha descartado que esta medida, anunciada ayer por la ministra de Igualdad, Irene Montero, dentro de la nueva ley del aborto, suponga una estigmatización de la mujer, tal y como ha sugerido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y ha señalado que la política laboral actual está "profundamente masculinizada".

"Creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro", ha agregado.

De esta forma, Díaz, tras comparecer en el Senado, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la baja laboral de tres días por menstruaciones dolorosas. "Hay que tener una política laboral de género y esta lo es, con las singularidades que debemos tener. Por tanto, completamente a favor", ha asegurado.

Además, la ministra ha defendido la necesidad de que esta medida se contemple en una ley, ya que estas sirven "para garantizar derechos". También se ha mostrado a favor de la reducción del IVA en los productos de higiene femenina.

El Ayuntamiento de Girona se convirtió en el primero de España en ofrecer este permiso menstrual, aunque poco después se sumaron otras localidades como Castellón de la Plana o Ripoll. Ningún país de la Unión Europea contempla en su legislación laboral este tipo de permisos. Italia llevó la propuesta a su parlamento en 2017, pero la iniciativa no salió adelante. Es decir, los ayuntamientos españoles no sólo son pioneros en España, también en Europa.

En Asia, sin embargo, este permiso está mucho más extendido y en algunos casos, como el de Japón, está recogido por la ley desde hace más de medio siglo, en 1947. En Corea del Sur desde 2001 y en Taiwan desde 2014. En China, por su parte, no existe una legislación nacional al respecto, pero ya ha sido estipulada por los gobiernos regionales de las provincias de Shabxi, Hubei y Liaoning, y es previsible que se extienda a otras próximamente.