Desde el punto de vista penal, cualquiera que con su actuación haya creado una situación de riesgo puede ser responsable. Juan Sánchez Zabala, abogado penalista, explica que la responsabilidad por la caída de Julen en un pozo ilegal podría ser del pocero, de la empresa que quitó la tapa y del dueño de la finca.
El pocero ya contó en su declaración a la Guardia Civil que él habñia tapado el pozo con una piedra y arena y que lo hizo pensando que el dueño de la finca tenía los permisos pertinentes. El propietario de la finca también habría contado a los investigadores que pensó que el permiso lo tenía el pocero.
Es el juez quien valora la responsabilidad de cada uno. El abogado ha comentado que podrían enfrentarse a un delito de homicidio imprudente y que la pena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel.
La justicia también tiene en cuenta la responsabilidad civil económica. Por un lado está el gasto que haya supuesto la búsqueda y por otro una indemnización a la familia de Julen.
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Desde el punto de vista administrativo, las sanciones por hacer el pozo ilegalmente son de hasta 6000 €. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido algo por no tapar bien el pozo se considera una segunda responsabilidad, que supone una infracción grave de hasta 300.000 €, según la Ley de aguas de Andalucía.
La abogada Esperanza Sánchez, especialista en derecho administrativo, cuenta que la responsabilidad la tendría tanto el que hace el pozo como el dueño del terreno. El Ayuntamiento de Totalán también podría sancionar al dueño de la finca por hacer una construcción ilegal.