{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Los vuelos con inmigrantes procedentes de Canarias a la península sigue provocando polémica. El tema, usado como arma arrojadiza por la derecha contra el Gobierno de Sánchez. Ahora es el Sindicato Unificado Policial el que apunta a la falta de transparencia en la organización de los vuelos de los que no se sabe "quién los paga".
Desde la organización sindical, además, piden a Interior que a los inmigrantes les hagan una PCR antes de entrar en otras comunidades, a pesar de que ya se les hace uno en cuanto pisan tierra española.
Carlos Morales, portavoz del SUP asegura que están pidiendo "lo mismo que para todos nuestros compañeros, cuando cambian de región" que es realizarse una PCR. Admite que cuando "las pateras llegan" se les está realizando un test de covid-19, pero "ellos pasan 72 horas retenidos y después son puestos en libertad y pueden salir a la calle. Lo que pedimos que es cuando cambien de comunidad se les haga una prueba PCr como tenemos que hacernos nosotros. Para venir al a península que se hagan otra", explica su postura.
Desde Interior responden que "las llegadas de migrantes cuentan con estrictos protocolos sanitarios, en los que se realizan PCR a todos ellos y se guardan las debidas cuarentenas. Tratar de relacionar pandemia y migración es una estrategia xenófoba que no se puede permitir".
El SUP también pone en duda que los vuelos se los estén pagando los propios inmigrantes, aunque admite que la mayoría "son marroquíes que vienen con pasaporte y dinero propio" lo que plantea un problema adicional, sobre todo en estos tiempos de coronavirus.
"Son 60 y 70 inmigrantes en cada vuelo, son muchos, por lo que pedimos a Inmigración y a Interior que haya transparencia en los vuelos, para saber quiénes los están pagando, porque vemos algo oscuro: Son muchos en esta semana han sido 313 a Valencia, unos 100 a Alicante, en torno 200 en Granada y a otras ciudades, como Barcelona y Sevilla.
"El ministerio del Interior ni gestiona, ni organiza, ni financia traslados de migrantes", aclaran desde este departamento y añaden que "las personas que llegan a nuestras costas son personas en situación irregular y se les abre a todas ellas un expediente de expulsión si no son acreedoras de protección internacional. Mientras se tramita ese expediente, pueden no acogerse al sistema de acogida, y por lo tanto disponen de libertad deambulatoria mientras se ejecuta su expulsión. El sistema de acogida no es competencia del Ministerio del Interior."
Según el portavoz del SUP, el interés de ellos es que "las ciudades que tengan que recepcionar estos vuelos estén preparados, y que tengan los servicios mínimos. Hay que colaborar con Canarias que esté año ha recibido a 114.000 personas en patera. No es un problema de Canarias ni del resto de la comunidades. Es un problema de Europa que se está lavando las manos".
Otro punto que señala el portavoz del SUP es que los inmigrantes que están llegando ahora, muchos vienen " con pasaporte y con dinero propio. ¿Qué problema tenemos? que son marroquíes y Marruecos, por el tema de la pandemia, no los recibe. Los devuelve y no los reconoce como ciudadanos de su país."
Morales recuerda que "el ministro Marlaska en su reciente viajes a Rabat dijo que no se iban a producir estos vuelos a la península para no producir un efecto llamada y ahora están ocurriendo. Lo que estamos es solicitando que nos den información por una cuestión de operatividad policial. Nadie sabe quién está pagando estos vuelos", insiste.
El SUP se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitar amparo y acceder a los datos sobre los vuelos en los que cientos de ciudadanos subsaharianos llegados a Canarias en patera en los últimos meses y que están llegando a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia sin que conozcamos ni su estado de salud ni las garantías jurídicas para permitir, en pleno estado de alarma, este movimiento en bloque de migrantes en situación irregular en nuestro país.
En este sentido, reclamamos conocer cuál es el número total de migrantes irregulares desplazados desde Canarias a la Península, en cuántos vuelos han llegado, cuál es la distribución en cada uno de ellos, sus nacionalidades, si en la organización de los mismos ha intervenido cualquier Administración, cuál es la autoridad gubernativa que ha autorizado la salida de esos ciudadanos en situación irregular y cómo se ha
acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico del Covid-19 se han aplicado debidamente para garantizar la seguridad sanitaria de estos vuelos, del resto de ciudadanos y de los propios policías que han podido interactuar con los subsaharianos.
También demandamos conocer qué tipo de autorización de desplazamiento se ha otorgado teniendo en cuenta que España se encuentra afectada por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma y por la necesidad de observar determinadas medidas sanitarias que impidan el contagio del Covid-19, todas ellas recogidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. Esta situación puede generar riesgos sanitarios para la ciudadanía, al desconocerse las garantías médicas con la que se han producido esos desplazamientos.
En el escrito tramitado para demandar los datos oficiales se recuerda que existe preocupación por los efectos irreparables, como consecuencia del efecto llamada, que puedan estar generándose en la lucha contra las mafias ilegales de tráfico de seres humanos. También se consigna que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, se podrá garantizar que una sociedad es crítica y exigente y juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos. Esa norma, aplicable a la Administración General del Estado (artículo 2.1.a), consagra el derecho de todas las personas a acceder a la información pública.