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Será la batalla de una madre que tratará de demostrar en un juicio, "como David contra Goliat", que la Diputación Foral de Bizkaia le quitó de manera “ilegítima” y “violenta” a su hija, sin atender al rechazo y al miedo que le generaba su padre.
Irune Costumero cuenta en una entrevista con Efe que nada le devolverá los cuatro años sin su hija, ni los cumpleaños o las navidades separadas, ni aliviará “el dolor de verla irse llorando y atemorizada", pero confía en que la Audiencia de Bizkaia condene a los cuatro funcionarios que hicieron de su vida y de la de su hija “una tortura”.
“Me han aconsejado tirar la toalla, que lo deje ahora que por fin me dejan estar con ella un fin de semana de cada dos y parte de las vacaciones; hasta me han amenazado”, explica esta madre que afrontará los tres días de juicio que se celebrará del 7 al 9 de junio en la sección segunda de la Audiencia vizcaína “como David frente a Goliat”, por “mi hija y por otros niños” que sufren “esa tortura institucional” .
El procedimiento contra el Servicio de Menores de Bizkaia sentará en el banquillo al diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a tres funcionarios por presuntos delitos de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber arrebatado una hija a su madre sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida.
La Diputación no ha querido exponer a Efe su postura ante estas acusaciones y ha añadido que "lo que tenga que decir, lo hará ante el tribunal".
El tribunal deberá dictaminar sobre si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.
Se tratará de determinar si esta situación, por la que la ONU envió una dura comunicación al Gobierno de España y por la que reclamó el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, supone un caso de violencia institucional, asentado sobre un informe que recogía que la menor sufría un supuesto síndrome de alienación parental (maternal, en este caso).
Ese síndrome, negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial y será perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.
“Él pidió la custodia en exclusiva de la niña, y lo que la Justicia no le dio, se lo dio la Diputación Foral”, lamenta Costumero, que aún no entiende por qué el servicio de infancia no investigó la causa del "rechazo absoluto" que sentía la menor hacia su progenitor.
Junto a Murillo, están imputadas la jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación Foral, Maria Antonia Giner; la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso; y la trabajadora social del Servicio de Infancia Maika Urutxurtu.
La acusación solicita para los acusados 5 años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Por esta querella, la Diputación de Bizkaia ha tenido que depositar ya 600 000 euros en el juzgado.
Para Irune Costumero, la petición de penas “es irrisoria para todo el daño que están causando”.
La madre recuerda con dolor cómo el 4 de agosto de 2017, ante agentes de la Ertzaintza uniformados, las funcionarias le arrebataron a su hija, que tenía entonces 5 años. “Se la llevaron a la fuerza y en volandas, ignorando sus gritos de auxilio y desesperación”.
Cuenta que una funcionaria le leyó la orden en la que se le comunicaba que la Diputación asumía la tutela provisional de la menor y que viviría con su padre, mientras escuchaba el llanto de su hija alejándose por un pasillo.
Tardó tres meses en volver a verla y durante tres años solo pudieron estar juntas dos tardes por semana y siempre bajo vigilancia.
Todo ese tiempo, expone Irune, “amenazaban” a la menor y le decían que “si no aceptaba estar con su padre, no iba a poder volver a estar con su madre” y nunca la atendieron “cuando decía que tenía miedo a su padre".
“Sería impensable que a una mujer violada la obligaran a vivir con su violador, pero a mi hija”, después de relatar malos tratos, "la siguen obligando a vivir con él", reflexiona sobre una posible doble victimización de la pequeña.
Irune Costumero espera que una sentencia acabe con todo ese "maltrato" institucional, y se rompe al explicar que “los derechos humanos no han existido” en esos puntos de encuentro del servicio foral, donde “son inhumanos. Te hacen sentir como una mierda”, denuncia.
El caso de Rocío Carrasco hacia las mujeres y que "deje de ser un tabú", valora esta madre vizcaína que pertenece a la asociación La Volaera.
"Ella ha dejado claro que las leyes no son garantes de la protección de la mujer ni de los hijos", advierte, al tiempo que confía en que ese testimonio favorezca "un cambio social" y se adopten medidas que impidan que haya "un resquicio que pueda amparar" legalmente esas situaciones.