Sancribrián, localidad del municipio de Santa Cruz de Bezana, en Cantabria, ha sido hoy el epicentro de una movilización que luchaba por parar el desahucio de María Antonia, de 77 años, y su hijo David Jano. Ambos viven en situación acreditada de vulnerabilidad económica y hasta la ONU, –tras haber recurrido al organismo–, había intercedido para pedir que se frene su desalojo hasta que tengan una alternativa de vivienda social. Finalmente, y tras las reivindicaciones, el desahucio se ha paralizado a primera hora de esta mañana.

Ambos viven desde hace aproximadamente tres décadas en el domicilio del que pretenden despojarles tras la ejecución hipotecaria impulsada por el exmarido de Maria Antonia y padre de David.

La septuagenaria, que denuncian que sufrió malos tratos por parte de quien fuese su esposo, contaba con derecho de uso de la vivienda en la que vive junto a su hijo. Sin embargo, éste trata de recuperar la plena posesión de la vivienda familiar, aunque ello suponga el desalojo de ambos.

Ante el litigio, y pese a la situación de los afectados, el juzgado, sin embargo, acordó el desahucio de María Antonia y David este 17 de marzo. La movilización en las calles desde este lunes a las 8:00, en las inmediaciones del domicilio, pretendía pararlo y, finalmente, así ha sido.

“Desahuciar a dos vecinos sin importar si tienen un alojamiento alternativo o no es, además de una injusticia, ilegal”, denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), según recoge Cadena SER, detallando que desde hace meses María Antonia y David acudieron a ellos.

María Antonia y David apenas viven con una pensión compensatoria que no llega a los 700 euros. Ella está enferma, necesita medicación y cuenta con un alto grado de dependencia porque apenas puede moverse. Él, por su parte, busca trabajo y no cuenta con ningún ingreso.

Ante la situación, desde hace tiempo intentan encontrar ayuda. Desde 2023, de hecho, su petición de vivienda social al Gobierno de Cantabria continúa en espera, mientras el juzgado ha ido rechazando todos sus recursos.

Ante la desesperación y la falta de soluciones, llegaron incluso a solicitar la intervención de la ONU, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado y ratificado también por España, según el cual se garantiza el derecho a la vivienda, protegiendo así de los desahucios sin alternativa habitacional.

“Las medidas cautelares de la ONU son de obligatorio cumplimiento al provenir de un tratado internacional que forma parte del ordenamiento jurídico español”, apuntan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander.

En estas circunstancias, el pasado viernes David y representantes de la Consejería de Vivienda tuvieron un encuentro en el que, según recoge Cadena SER, le ofrecieron una alternativa habitacional en Laredo o Torrelavega. Sin embargo, David ha expresado que no puede aceptar la petición sin hablarlo antes con su madre, ante su particular situación de dependencia, y recalcando que su prioridad es su felicidad.

En estas circunstancias, hoy la PAH de Santander anunciaba el arranque del despliegue para echar a María Antonia y David de su casa, llamando a todos a movilizarse para “parar el desahucio ilegal”. Tras apenas unas horas, el desenlace de la marcha culminaba con la mejor noticia: la paralización del desalojo.

La Ejecutiva judicial y los antidisturbios, que estaban preparados para intervenir en caso de que fuera necesario, se han marchado de la zona, donde más de medio centenar de personas se habían concentrado junto al a vivienda. Tanto en el interior, el jardín y los exteriores, los manifestantes se han desplegado para frenar el desahucio.

En el lugar había además un fuerte dispositivo de seguridad con más de una treintena de agentes. No obstante, todo se ha resuelto con la paralización de la operación, tal como exigía y demandaba también la ONU atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad de los afectados.

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