Casi la mitad de los delitos contra la libertad sexual durante el año 2023 en España fueron cometidos contra menores, y aunque en la mayoría de los casos los agresores son adultos, los expertos alertan del aumento de la ejercida entre menores, que ya alcanza al 9% de la población adolescente. El 45,6% de los delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a un menor, según los datos del Ministerio de Interior, recogidos en el informe presentado por la Plataforma de Infancia en la jornada "La violencia sexual entre adolescentes: retos y políticas públicas", informan J. Díaz Pando y J. Marañón.

Este dato es totalmente desproporcionado si se tiene en cuenta que los menores son aproximadamente el 17% de la población: "Es alarmante, y denota una clara vulnerabilidad y desprotección de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual", indica. La mayoría de las víctimas tienen entre 13 y 17 años, y el 41% de las jóvenes han sido acosadas por compañeros del colegio. Durante la jornada, especialistas del ámbito académico y social han coincidido en que la violencia sexual en el entorno digital es ya la más frecuente entre adolescentes, un 60% de los menores la ha sufrido.

Un 62,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años han visto pornografía alguna vez en su vida y más de la mitad de las adolescentes reconoce haber sufrido situaciones de violencia en la pareja, datos que también incorpora el estudio procedentes de diferentes investigaciones. "Este es un mensaje para políticos. La violencia sexual entre adolescentes no para de crecer. Es importante que nos preguntemos por qué y que nos planteemos qué está fallando, sin criminalizar a la adolescencia, pero sí haciéndoles partícipes. Necesitamos poner en marcha políticas públicas que miren de frente a este problema", ha asegurado el presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López.

El responsable de la entidad de infancia ha destacado que "aunque los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguen siendo en su mayoría perpetrados por personas adultas, llama la atención el elevando volumen de casos de violencia sexual cometidos por menores de edad". Para las organizaciones de infancia la clave está en adoptar políticas públicas para garantizar una adolescencia sin violencia sexual.

"Es necesario poner en marcha medidas que ofrezcan a la población adolescente educación afectivo sexual y también educación en el entorno digital tanto para las propias niñas y niños, como para familias y profesionales, para conocer los riesgos existentes y las herramientas que hay para protegerlos", ha propuesto el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra. Además, ha reclamado establecer mecanismos de denuncia adecuados y que las personas que trabajan en centros educativos, centros sanitarios y servicios sociales estén formadas y coordinadas.

Ha recordado que una víctima de violencia sexual en la infancia o adolescencia tarda de media 17 años en contar o comunicar lo que le sucedió, entre otras cosas, por la falta de canales de denuncia o de comunicación claros, accesibles y universales, que den seguridad a las víctimas para dar el paso de denunciar. 

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