El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición de la defensa del futbolista Dani Alves de que la víctima vuelva a ser explorada por dos peritos que determinen las secuelas psicológicas que padece y si son compatibles con haber sufrido una violación.

En un auto, la sala de apelaciones del TSJC descarta esa prueba que solicitaba la defensa del futbolista brasileño en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.

La sala decidirá en las próximas semanas sobre los recursos que presentaron contra la sentencia tanto Alves como la víctima, quien pedía que se elevara la pena impuesta al exjugador del FC Barcelona.

Antes de entrar en el fondo de asunto, el tribunal ha descartado someter a la denunciante a una nueva pericial psicológica, pese a reconocer que hubo una "incorrección" durante su exploración en fase de instrucción, puesto que a la perito designada por Alves no se le permitió plantear más que una pregunta a la víctima.

En opinión de la sala, ello impidió una "intervención eficaz y en igualdad de armas" en la exploración psicológica, pero practicar de nuevo esa prueba supondría una "revictimización" de la denunciante, sin que aporte nada nuevo al fallo de la sentencia y a la indemnización fijada por los daños causados.

El TSJC ha desestimado asimismo otra de las pruebas que pedía la defensa, una nueva pericial técnica sobre la compatibilidad entre las huellas dactilares halladas en el baño de Sutton donde ocurrieron los hechos y la posición corporal que la víctima dijo que tenía durante la violación.

Los magistrados sostienen que esa prueba está documentada y no fue objeto de debate durante el juicio, donde las partes tuvieron la oportunidad de plantear la ampliación o precisiones del informe sobre huellas dactilares que consideraran necesarias.

La prueba de defensa que sí ha aceptado el TSJC es la incorporación de 900 noticias publicadas en medios de comunicación sobre el caso Alves, una documentación con la que la abogada, Inés Guardiola, pretendía demostrar que había existido un juicio paralelo en este proceso.

Tras recordar que parte de esas informaciones ya fueron admitidas por el tribunal, la sala sostiene que esa prueba es necesaria para abordar la tesis que plantea la defensa en su recurso sobre la posible contaminación de los magistrados que juzgaron a Alves por ese juicio paralelo.

Después de pasar más de un año en prisión -de la que salió bajo fianza de un millón de euros-, Dani Alves quedó en libertad provisional en marzo de 2024, a la espera de que el TSJC resuelva los recursos sobre la sentencia por agresión sexual que la Audiencia de Barcelona le impuso. 

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