La muerte, hace un año, de dos guardias civiles brutalmente embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) evidenció el riesgo de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España y la falta de medios con la que los agentes se enfrentan a las poderosas redes del Estrecho.Un año después de aquella tragedia, las narcolanchas -prohibidas en España desde 2018, cuando comenzó un plan especial de lucha contra el narco en la zona- siguen circulando por sus aguas. Y los incidentes mortales en persecuciones se han repetido este mismo viernes, cuando ha fallecido un presunto narco en Tarifa.

Jucil, que está personada como acusación popular, ha apuntado que es "imprescindible agilizar la causa" ya que "doce meses después, la situación no ha mejorado en la zona, sino que ha empeorado, por lo que la Guardia Civil sigue con medios insuficientes para hacer frente al narcotráfico. El creciente avistamiento de narcolanchas y petaqueras es un claro signo de que el problema está enraizando en los pueblos costeros”", ha señalado Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.

Según han recordado, esta asociación profesional exigió la apertura de una comisión de investigación para analizar lo sucedido y "garantizar que un crimen así no volviera a repetirse". Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha "fallado a sus fuerzas de seguridad". "Y hoy seguimos enfrentándonos al narcotráfico sin los medios adecuados y en condiciones que ponen en peligro nuestras vidas”, ha añadido Vilariño, para quien un año después de los "asesinatos" no se han depurado "responsabilidades políticas ni entre los mandos implicados en el suceso".

"A nivel político y jerárquico es como si no hubiese ocurrido nada", ha sostenido el secretario general de Jucil.

Por último, desde esta asociación han explicado que, "lejos de retroceder", la presencia del crimen organizado en Andalucía ha aumentado; y la falta de medios ha permitido que las narcolanchas "sigan actuando con impunidad en nuestras costas y, más recientemente, en el río Guadalquivir, que se ha convertido en una nueva autopista de la cocaína".

Hasta seis narcolanchas se habían refugiado del temporal aquel 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate. Llevaban tantas horas que vecinos de la localidad, entre ellos jóvenes, se habían acercado a verlas.

Esa misma mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había estado en la provincia, presentado en el balance del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que definió como "un éxito" en la lucha contra el narco.

En ese marco, los mandos de la Comandancia de Cádiz decidieron que había que actuar para evitar la imagen de impunidad de las narcolanchas en el puerto de Barbate. Las malas condiciones meteorológicas y diferentes averías impidieron a las patrulleras más potentes de la Guardia Civil acudir al lugar y se decidió enviar por carretera a Barbate una zódiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los agentes supervivientes han relatado que todo fue una improvisación que concluyó con un dispositivo "suicida" en el que los mandos ordenaron que la zódiac, con seis agentes, se echaran al mar para identificar a los tripulantes de las narcolanchas.

 Lejos de huir, se inició el acoso a la patrullera. Según un informe de la Guardia Civil la zódiac de los agentes "fue objeto de al menos siete embestidas" en 2:42 minutos.

 "'Dios!!, dios!!! ... van a por nosotros. Disparar al aire. Van a por nosotros!!!", dijeron los agentes en los instantes previos a recibir la fatal embestida. Murieron en el acto Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando (Cádiz) y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y a David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR).

En horas fueron detenidos los ocupantes de una narcolancha que huyó del lugar y que fue confundida con la que realizó la fatal embestida. Su piloto, alias Kiko 'El Cabra', y sus acompañantes estuvieron en prisión acusados de estos asesinatos hasta que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de Cádiz comprobaron que fue otra la narcolancha que causó las muertes.

Las pesquisas se enfocaron hacia otra "goma" que fue intervenida en marzo en Huelva, cuando navegaba con 94 garrafas de gasolina. En ella se hallaron vestigios que permitieron identificar al marroquí Karim El Baqqali, de 32 años, como el piloto que mató a los agentes.

El Baqqali, que había huido a Marruecos el mismo día del suceso, se entregó a la Guardia Civil en Barbate la madrugada del 19 de septiembre. Sus compinches, Yassine E.M y Mohamed L.M., fueron detenidos después. Los tres permanecen en prisión acusados de dos delitos de asesinatos, cuatro en grado de tentativa, seis de atentado, uno de contrabando y otro de pertenencia a grupo criminal.

El juzgado de Barbate que investiga la muerte de los agentes acaba de pedir un informe de un experto en navegación para determinar si El Baqqali hizo la embestida de forma intencionada, como apunta la Guardia Civil, o si, como sostiene él, fue un choque accidental que se produjo cuando intentaba huir. En este caso la calificación cambiaría de asesinatos a homicidios.

En paralelo, otro jugado de Barbate ha archivado el proceso que se abrió por las denuncias de las asociaciones de guardias civiles que pidieron que se investigaran posibles responsabilidades penales de los mandos de aquel operativo, el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz.

"Yo lo que quiero es justicia para mi hijo, para los que lo ejecutaron, que ahora están en la cárcel, pero también para los que lo mandaron a la muerte", clama Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, que insiste en que hay audios que demuestran que desde Barbate los agentes advirtieron por teléfono al coronel de la peligrosidad de ir en una zódiac hacia las potentes narcolanchas y de la posibilidad de que les pasaran por encima, un peligro que se minusvaloró.

Mientras que las asociaciones de guardias civiles insisten en que nada ha cambiado desde aquella tragedia y denuncian que siguen faltando medios humanos y materiales para afrontar el narcotráfico, el Ministerio del Interior sostiene que desde 2018 se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la zona con el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar que se extiende ya por seis provincias andaluzas.

Desde el inicio de ese plan se han incrementado las plantillas en un 11,8 por ciento (más refuerzos especiales que han costado 44 millones de euros), se han invertido 61 millones de euros en medios materiales y tecnológicos y se han impulsado 34.000 operaciones contra las redes en las que se ha incautado unas 2.000 toneladas de droga.

Pero nada detiene a un negocio tan lucrativo y que, ante la presión, ha optado por alejarse del Campo de Gibraltar e introducir la droga por áreas de Huelva, Almería y, especialmente, por el río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar, teme que, lejos de mejorar, la situación pueda "ir a peor" porque las redes están empezando a usar narcolanchas para introducir por esta zona, especialmente a través del Guadalquivir, cocaína. "Perder un cargamento de cocaína significa perder muchísimo más dinero que perder uno de hachís en una persecución, no se lo van a poner fácil", comenta. 

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