Una segunda víctima de la conocida como tragedia del Tarajal (Ceuta), que perdió la visión de un ojo por una bala de goma disparada por la Guardia Civil, ha presentado una nueva denuncia ante la ONU por la falta de investigación de estos hechos, en los que perdieron la vida quince migrantes.

Este jueves se cumplen once años de la madrugada del 6 de febrero de 2014, cuando más de 250 personas subsaharianas intentaron llegar a Ceuta a nado por la playa del Tarajal, algo que la Guardia Civil trató de impedir disparando balas de goma y botes de humo para que volvieran a Marruecos, resultando quince personas ahogadas.

Por esta actuación fueron investigados 16 guardias civiles en una causa que finalmente se archivó y que ahora está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.

En una rueda de prensa en Madrid, las entidades sociales Irídia y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) han presentado hoy la queja del camerunés Brice O., que tenía poco más de 20 años cuando ocurrieron los hechos, ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

Esta se suma a otra presentada hace un año por otro superviviente, Ludovic N., que ya ha sido registrada y sobre la que se espera que este año España formule una primera respuesta.

Durante la presentación, Brice O. ha explicado, a través de un vídeo enviado desde su actual residencia en Canadá, que ha interpuesto esta queja para intentar parar la "barbarie", la "violencia" y la "tortura" que se ejerce sobre las personas que intentan cruzar la frontera.

Lo hace por su experiencia y sus lesiones pero, muy especialmente, por "las personas que ya no están entre nosotros", ya que tres de los fallecidos eran amigos suyos desde la infancia: "Nadie ha sido juzgado por ello hasta ahora, es injusto", ha lamentado.

Como superviviente de las balas de goma, ha cargado contra el uso de este material por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "para mí no son diferentes de las balas de fogueo porque, una vez que te tocan el cuerpo, te hieren y te dejan como estoy yo", ha defendido.

La coordinadora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Elena Muñoz, ha relatado el periplo judicial que siguieron las partes para intentar que se juzgaran estos hechos desde que se produjeron hasta 2022, cuando el caso fue definitivamente archivado por el Tribunal Supremo.

Bajo su análisis, este caso "viene a demostrar las dificultades que hay para esclarecer los hechos, conseguir justicia y reparación de las víctimas y de sus familias y garantías de no repetición cuando estamos ante violaciones de derechos humanos transfonterizas".

Para Hanaa Hakiki, de ECCHR, en todos estos años ha faltado "voluntad" para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, con argumentos, en su opinión, tan cuestionables como el del Juzgado de Instrucción de Ceuta, que estableció que era imposible localizar a las víctimas: "Si se pueden investigar crímenes en Siria desde Alemania, se puede investigar el Tarajal desde Ceuta", ha aseverado Hakiki.

Por su parte, Maite Daniela Lo Coco, de Irídia, ha señalado el componente de "racismo" en esta y otras tragedias migratorias, como la de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes, en junio de 2022: "La violencia en frontera se activa de manera desproporcionada contra las personas negras", ha denunciado.

Sobre el uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas y y cuerpos de seguridad, Carles Guillot, de Stop Balas de Goma, ha defendido que el uso de proyectiles de energía cinética es "una forma de tortura".

"¿Qué hay más cruel e inhumano que apostarse en la orilla y disparar 145 balas a la gente que está intentando llegar a la playa?", ha cuestionado. 

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