La Fiscalía mantiene su demanda de seis años de prisión para una pareja acusada de permitir la mutilación genital a su hija en Senegal. Los padres de la pequeña aseguran que no estaban en el país cuando los hechos ocurrieron y que fue una decisión unilateral de la abuela. No obstante, para el Ministerio Público, los progenitores ejercían la patria potestad en ese momento por lo que tenían la obligación y la responsabilidad de proteger a su hija, menor de edad.

Así lo ha señalado el fiscal durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Nacional, que ha quedado visto para sentencia y en el que el Ministerio Público ha mantenido su petición de seis años de cárcel para la pareja formada por A. D. y H. K. ya que considera que los padres debían cuidar una responsabilidad que "obviaron" al "permitir" esta práctica, conocedores del deseo que tenía su familia de realizarla.

En su declaración, el padre de la menor ha señalado que él llegó a España solo en patera y después, una vez consiguió regularizar su situación en España, trató de reunir a su familia, pero solo le permitieron traer a una persona debido a su bajo salario. De esta forma llegó su mujer en 2016, momento a partir del cual su hija se quedó en Senegal con su abuela paterna hasta 2021.

Tanto él como su mujer han asegurado durante su declaración que ninguno de los dos ha vuelto a su país desde entonces y que la mutilación genital se produjo cuando la pequeña, de tres años entonces, estaba al cuidado de su abuela. La lesión fue descubierta por las autoridades cuando el 28 de octubre de 2022 la directora del colegio al que iba la niña en Rubí (Barcelona) la llevó al hospital, al detectar signos de maltrato en el ámbito familiar.

Además, este lunes han prestado declaración dos mossos d'esquadra, dos trabajadoras sociales y una médica forense que participaron en la intervención de la Unidad de Detección y Prevención del Matrato Infantil de la Generalitat en el hospital. Todos han negado recordar con exactitud si durante esta intervención los padres dijeron si estaban o no en Senegal cuando se practicó la ablación genital a su hija, aunque una de las trabajadoras sociales había manifestado que sí en declaraciones anteriores, según ha recordado el fiscal durante la sesión.

Por ello, para el Ministerio Público, existen "discrepancias" sobre si los padres estaban o no en el país cuando se practicó la lesión, que constituye un delito recogido en el Código Penal desde 2003 y también lo es en Senegal desde 1999.

A pesar de estas dudas, el fiscal ha mantenido la acusación contra los padres, al considerar que estos tenían el deber de protegerla, máxime en los tiempos actuales, cuando la "proximidad o globalidad geográfica" a la hora de relacionarse permite ejercer esa protección. Además de los seis años de cárcel, el fiscal ha modificado este lunes sus conclusiones para pedir también una indemnización para la menor de 20.000 euros.

Los abogados de la defensa, por su parte, han argumentado que "no ha quedado en absoluto acreditado" que los acusados estuvieran en Senegal cuando se produjo el delito y que "en ningún caso" se puede considerar que dejar a la pequeña con su abuela mientras estos venían a España a "buscarse la vida" podía entrañar tal riesgo para ella.

Por ello, debido a estas circunstancias, manifiestan que se trató de una decisión unilateral de la abuela sobre la que los padres no tenían control y a la que, además, se oponían, como demuestra el hecho de que a otras dos hijas que ha tenido la pareja estando ya en España no se les ha practicado esta mutilación.

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